El canciller Héctor Timerman  en diálogo con Página 12, manifestó que “después del fallo del juez Thomas Griesa y de la campaña encarada por los fondos buitre de lobbying y de ataque publicitario, muchos países se dieron cuenta que la situación se estaba volviendo explosiva”.
Asimismo subrayó que “las medidas de Griesa mostraron que es imposible la reestructuración de deuda soberana en condiciones justas sin un acuerdo entre todos los países”, y en dicho sentido recordó que “la ONU viene hablando de la cuestión de la reestructuración de la deuda” desde hace 12 años.
“Los gobiernos decidieron que después de 12 años de esperar y sacar resoluciones es mejor diseñar un marco regulatorio para que la reestructuración de deuda soberana tenga un carácter no solo económico sino también político y social”, sostuvo Timerman. Además confirmó que la Asamblea General puede aprobar con mayoría simple la necesidad de redactar una nueva convención y que esa decisión no puede ser vetada por el Consejo de Seguridad del organismo.
“Evidentemente no alcanza con buscar consenso. El consenso total no existe. No se logró nunca. Por eso el G-77 lleva el tema a la Asamblea General. Ahora, que la ONU vote”, subrayó. La falta de consenso tiene que ver con que "algunos países insistieron con mucha fuerza diciendo que las reestructuraciones de deuda eran parte de las atribuciones del Fondo Monetario Internacional. Si, en cambio, la ONU resuelve que es una cuestión soberana, eso supone que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo con un marco establecido por la propia ONU, donde todos los países tienen un voto”.
“Los que se oponen dicen que la ONU no está capacitada para resolver el tema. Lo cierto es que tampoco el FMI lo resolvió. Hagamos una convención - sostuvo el ministro- son temas que influyen sobre el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a opinar”.
“Una convención no es en contra de nadie sino a favor de todos. Viene a resolver un vacío legal que afecta a la mayoría de los países del mundo”, explicó Timerman.
Mirando a la Argentina para Timerman la idea central de la convención debe ser que “los propios países” sean los que escriban “el marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, de manera que no afecte el desarrollo”, en condiciones de negociación “equitativas”, y que “no se le debe impedir a un Estado que reestructure sus deudas” ni se le debe “imponer que la reestructuración afecte el bienestar de los países”.
“El objetivo es que los países puedan reestructurar su deuda soberana y que puedan seguir desarrollándose, no empobreciéndose con peores condiciones de vida de las que tenían antes”, agregó. “Ni puedo contar la cantidad de cancilleres y presidentes que me llamaron diciendo que sufren problemas parecidos a los nuestros y no hallan el modo de resolverlos”.
Timerman junto al ministro de Economía Axel Kicillof, anunciaron el viernes que el G-77+China presentará el proyecto ante las Naciones Unidas el p´roximo 9 de septiembre con el objetivo de establecer un marco regulatorio sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana, a partir de una iniciativa impulsada por Argentina.

El canciller Héctor Timerman  en diálogo con Página 12, manifestó que “después del fallo del juez Thomas Griesa y de la campaña encarada por los fondos buitre de lobbying y de ataque publicitario, muchos países se dieron cuenta que la situación se estaba volviendo explosiva”.

Asimismo subrayó que “las medidas de Griesa mostraron que es imposible la reestructuración de deuda soberana en condiciones justas sin un acuerdo entre todos los países”, y en dicho sentido recordó que “la ONU viene hablando de la cuestión de la reestructuración de la deuda” desde hace 12 años.

“Los gobiernos decidieron que después de 12 años de esperar y sacar resoluciones es mejor diseñar un marco regulatorio para que la reestructuración de deuda soberana tenga un carácter no solo económico sino también político y social”, sostuvo Timerman.

Además confirmó que la Asamblea General puede aprobar con mayoría simple la necesidad de redactar una nueva convención y que esa decisión no puede ser vetada por el Consejo de Seguridad del organismo.

“Evidentemente no alcanza con buscar consenso. El consenso total no existe. No se logró nunca. Por eso el G-77 lleva el tema a la Asamblea General. Ahora, que la ONU vote”, subrayó. La falta de consenso tiene que ver con que "algunos países insistieron con mucha fuerza diciendo que las reestructuraciones de deuda eran parte de las atribuciones del Fondo Monetario Internacional. Si, en cambio, la ONU resuelve que es una cuestión soberana, eso supone que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo con un marco establecido por la propia ONU, donde todos los países tienen un voto”.

“Los que se oponen dicen que la ONU no está capacitada para resolver el tema. Lo cierto es que tampoco el FMI lo resolvió. Hagamos una convención - sostuvo el ministro- son temas que influyen sobre el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a opinar”.

“Una convención no es en contra de nadie sino a favor de todos. Viene a resolver un vacío legal que afecta a la mayoría de los países del mundo”, explicó Timerman.

Mirando a la Argentina para Timerman la idea central de la convención debe ser que “los propios países” sean los que escriban “el marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, de manera que no afecte el desarrollo”, en condiciones de negociación “equitativas”, y que “no se le debe impedir a un Estado que reestructure sus deudas” ni se le debe “imponer que la reestructuración afecte el bienestar de los países”.

“El objetivo es que los países puedan reestructurar su deuda soberana y que puedan seguir desarrollándose, no empobreciéndose con peores condiciones de vida de las que tenían antes”, agregó. “Ni puedo contar la cantidad de cancilleres y presidentes que me llamaron diciendo que sufren problemas parecidos a los nuestros y no hallan el modo de resolverlos”.

Timerman junto al ministro de Economía Axel Kicillof, anunciaron el viernes que el G-77+China presentará el proyecto ante las Naciones Unidas el p´roximo 9 de septiembre con el objetivo de establecer un marco regulatorio sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana, a partir de una iniciativa impulsada por Argentina.