Luego de las económicas anunciadas este martes por el ministro Luis Caputo, la Confederación General del Trabajo advirtió en un comunicado el impacto que tendrá sobre la economía. "El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el Gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados", reza el documento. 

Y añade que a diferencia de lo que había asegurado Javier Milei durante la campaña electoral, las medidas se aplicarán principalmente sobre la sociedad ya que se enfatizó que "esto significa que, el anunciado ajuste, no ajusta a la 'denominada' casta como se prometió en la campaña. El ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo". 

"De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30% al menos por el próximo cuatrimestre", advirtieron. 

Y describieron que será una "situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas". 

Así, para la CGT, "las medidas anunciadas son un disciplinador social" En otro fragmento del comunicado, la CGT aseveró sobre las consecuencias que sufrirán las provincias tras las decisiones económicas ya que marcaron que "las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social. Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos". 

El comunicado concluye: “Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo. El ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar sus costos de manera inequitativa sobre la sociedad argentina”.