El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en representación de los bloques oficialistas del Congreso Nacional, cuestionó las medidas cautelares que "paralizan las decisiones en el marco de la Constitución Argentina".

"Vamos a crear una comisión bicameral para hacer un seguimiento de las designaciones de todos los cargos en el Poder Judicial que están contempladas por la reforma del Código Procesal Penal que sancionó el Congreso", informó el diputado.

"Ningún otro poder puede inmiscuirse en el desenvolvimiento de lo que es propio del Ministerio Público. No podemos permitir que se paralice la justicia y se afecte la división de poderes. Tenemos que responder a la demanda de Justicia", advirtió Domínguez.

El jefe de bloque de Senadores del FPV, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "hizo uso de facultades propias" al nombrar a 16 fiscales generales necesarios para la "resolución del delito organizado".

Sostuvo además que los fiscales nombrados cuentan con una vasta trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y recordó que la medida cautelar que paralizó esos nombramientos había sido rechazada por la jueza natural (en licencia) Rodríguez Bidal el 30 de noviembre pasado.

Pichetto expresó que la medida precautelar "afecta la República y afecta el principio de división poder y el rol del Congreso" y resaltó: “La defensa de la ley como principio de voluntad popular no puede ser violada por un acto solitario de un juez".

También anticiparon que comenzarán con la conformación de la Comisión Bicameral de Monitoreo de la Implementación del nuevo código cuyo dictamen, una vez que sea aprobado por ambas cámaras, pondrá en vigencia plenamente el grupo normativo aprobado a fines del año pasado.