El comunicado, firmado por Axel Kicillof, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Nilda Garré, Carlos Heller y Liliana Mazzure exige al presidente el urgente llamado a sesiones extraordinarias para tratar el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.

A raíz de la relevancia institucional que el tema representa, reza el comunicado, consideramos una fuerte contradicción que mientras que el gobierno porteño habilita el tratamiento del mismo en el ámbito legislativo local, el Poder Ejecutivo Nacional clausure nuevamente la discusión de una cuestión tan sensible para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, es preciso destacar que el proyecto de convenio presentado por la autoridades de ambas jurisdicciones es más bien un manifiesto de voluntarismo político, enunciado en términos muy generales y carente de los antecedentes y detalles técnicos fundamentales para evaluar e implementar con responsabilidad una iniciativa institucional de semejante envergadura.

En este sentido, preocupa ver que en el proyecto enviado ni el Gobierno Nacional ni el de la Ciudad de Buenos Aires precisen los alcances específicos de la reingeniería propuesta, (número de efectivos que eventualmente se transferirían, de bienes inmuebles, muebles, equipamiento ni, desde luego, recursos presupuestarios), teniendo a simple vista solo una idea preliminar de "por dónde empezar".

Otro aspecto preocupante es la omisión deliberada de toda mención a las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace décadas la cuestión de la seguridad ciudadana en un marco de respeto a las garantías constitucionales y el Estado de derecho.

Este último aspecto no es un tema menor, dados los recientes episodios de violencia protagonizados por la Gendarmería Nacional en el partido de Ezeiza y por la policía bonaerense en la Ciudad de La Plata, como así también la arbitraria detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala, hechos que confirman la preocupante convicción que tiene la Alianza Cambiemos respecto de que las manifestaciones y concentraciones de personas son hechos punibles, plausibles de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Por todo esto, hacemos un llamado a la reflexión del presidente Macri y reiteramos que para abandonar el apuro y la improvisación en cuestiones tan delicadas, convoque al diálogo parlamentario que tantas veces pregonó en épocas no tan lejanas.