La iniciativa propone una nueva prórroga de la aplicación de la Le de Tierras Indígenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a proceso judiciales. En la tarde del miércoles la Cámara Baja aprobó suspender los desalojos por cuatro años. 

La ley 26.160 sancionada en 2009 declara en todo el territorio nacional y por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. 

El proyecto aprobado le ordena al Estado llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La ley estuvo a punto de caerese (la última prórroga vencía el 23 de noviembre), lo que significaba que las comunidades quedaban a merced de los terratenientes. 

El oficialismo intentó acortar la prórroga de cuatro a dos años, pero no logró su cometido. Finalmente, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, destacó la importancia de aprobar la prórroga, al sostener que "es necesario terminar el censo", ya que, según precisó, "falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras".

Según un relevamiento que realizó Amnistía Internacional sólo 1532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, informó Amnistía.