Cuando la Cámara de Diputados de Catamarca implementó los módulos de capacitación en Ley Micaela desarrollados por especialistas de distintas disciplinas no se imaginó que podía darse una situación semejante.

Una de las actividades era “seleccionar un texto de tu labor legislativa/administrativa/educativa; con la teoría proporcionada y los ejemplos propuestos, realizar los cambios necesarios a los fines de lograr una producción más inclusiva e igualitaria. Justificar los cambios realizados”, lo que dio pie al reclamo de la diputada del PRO Natalia Saseta que la interpretó como una obligación de usar lenguaje inclusivo: “Quiero contarles que me inscribí en la Ley Micaela, hice los trabajos que son pertinentes a la materia, estuve prestando atención, pero llegué a la última tarea en donde me pedían que yo traduzca un texto en lenguaje inclusivo. No nos pueden poner un lenguaje que nos obligue a hablar de una forma en la que yo no hablo, no creo, no considero. Todos saben que levanto la bandera de los derechos y de la igualdad, pero no creo que el lenguaje inclusivo me ayude a mí a tener más derechos. Y no creo que ayude a otras personas a incluirlas en un programa de capacitación”.

Como no completó la capacitación se le consultó por la razón y se despachó con un monólogo de odio e incorrección política en partes iguales.