Detienen el desarrollo del Arsat- 3 y autorizan la desregulación satelital a favor de España
El Ministerio de Comunicaciones argentino autorizó, mediante la resolución 623-E/2017, al operador satelital Hispasat a proveer facilidades satelitales después de haber estado operando ilegalmente. Además se congeló el desarrollo de un nuevo satélite nacional.
Desde hace varios meses que se viene denunciando el desmantelamiento por parte del gobierno de Mauricio Macri en materia, entre otras políticas, de desarrollo satelital nacional.
Ahora, el Ministerio de Comunicaciones argentino autorizó, mediante la resolución 623-E/2017, al operador satelital español Hispasat a proveer facilidades con el satélite geoestacionario Hispasat-30W-5 (ex Hispasat-1E); en el marco del acuerdo de reciprocidad entre la Argentina y el Reino de España firmado en octubre de 2001. Una reciprocidad que parece impensada para el programa Arsat, congelado y sin desarrollo de su tercer satélite y con el Arsat-2 "vendido en toda su capacidad".
"Hasta fines del año pasado, Hispasat tenía sólo dos satélites autorizados en Argentina: Hispasat 1C en la posición orbital 30º Oeste y Amazonas 1 en 61º Oeste. El Hispasat 1C había sido habilitado en 2001 por la secretaría de Comunicaciones, pero lo corrieron a la posición 84º y en su lugar los españoles ubicaron los satélites Hispasat 30W-4 (Ex Hispasat 1D) e Hispasat 30W-5 (Ex Hispasat 1E) pese a no contar con autorización oficial", explicó Fernando Krakowiak.
El diario Página-12 denunció en septiembre de 2016 que Hispasat brindaba servicios de forma ilegal en nuestro país a través del Hispasat-30W-5 principalmente mediante el transporte de señales de video, compitiendo con Arsat de manera desleal. Ahora, con la resolución 623-E/2017, se blanqueó la irregularidad.
Desde la empresa española, visiblemente beneficiada por el gobierno de Mauricio Macri, abogan por un beneficioso punto de vista en el que "La tendencia de gran parte de las agencias regulatorias hacia la aplicación del principio `menos es más`, abre el camino a la imposición de menores requisitos reglamentarios a cambio de un mayor acceso a las comunicaciones esenciales, perfilándose la implementación de una política de cielos abiertos, como un mecanismo clave para mejorar la competencia del mercado”.