Debajo de los globos y la 'revolución de la alegría', los despidos y las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, muestran su verdadera cara: represión, y criminalización de la protesta sindical. Para analizar el hecho, el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma lanzó un informe sobre las prácticas antisindicales registradas en los primeros seis meses de la gestión de Mauricio Macri y los datos por demás alarmantes. 

"Durante los primeros seis meses del años se detuvieron al menos a 35 dirigentes y activistas sindicales de 6 provincias. La judicialización de la protesta y la apertura de causas penales a los sindicalistas fue una constante", asegura el informe.

Sobre la represión de la protesta social, con incluye embestida contra manifestaciones y desalojos violentos de la vía pública "se registraron 24 casos de represión física contra manifestantes en 9 provincias. Las fuerzas represivas fueron mayoritariamente policías provinciales aunque también se relevó la participación de gendarmería y grupos especiales. En tres casos la represión fue llevada adelante por grupos anónimos". indicaron. 

Al hecho se suma que en "al menos 15 empresas se realizaron despidos discriminatorios como producto de los conflictos que emprenden los trabajadores por deudas salariales y reincorporaciones", se señala.

Al respecto del informe,  el coordinador del equipo de investigadores la CTA, Luis Campos, señaló que "la lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”.

Entrevistado por Página 12 en una nota de este lunes, Campos indicó que “además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”.

El informe muestra que quienes más padecieron estas prácticas fueron los trabajadores estatales, es decir, los que están directamente alcanzados por el cambio de signo político.

Los empleados público "fueron los que sufrieron la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represión y criminalización de la protesta", se señala en el informe. En tanto, contra los trabajadores del sector privado se desataron, principalmente, despidos discriminatorios, aunque también vieron desalojadas sus manifestaciones por la fuerza.