Desaparición de Santiago: piden al juez que ordene la detención de la ministra Bullrich
Lo hizo el diputado Tailhade, invocando las numerosas pruebas que involucran a Gendarmería y a la posibilidad de que ambos funcionarios obstruyan el accionar de la Justicia.
Fue la diputada Victoria Donda quien echó a correr la versión: la ministra Patricia Bullrich habría reconocido a puertas cerradas, en reunión de comisión de la cámara baja, que a algún gendarme se le pudo haber "pasado la mano" con Santiago Maldonado.
Como consecuencia de ello, el legislador nacional Rodolfo Tailhade (FPV) pidió al juez Guido Otranto, a cargo de la investigación por la desaparición forzada del joven, que ordene la detención de la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
También exigió el apresamiento del jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, quien estuvo en el lugar de operativo de Gendarmería que derivó en la desaparición del joven artesano.
Para el diputado nacional, “a las innumerables evidencias surgidas de testimonios, documentos e investigaciones periodísticas como las de Juan Alonso y Ricardo Ragendorfer, entre otros, se suma ahora el reconocimiento explícito de la ministra Bullrich ante la diputada nacional, Victoria Donda, y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de que: ‘por ahí a algún gendarme se le pasó la mano’".
Tailhade sostiene que dichos elementos “dan cuenta, por si hiciera falta, de las maniobras encubridoras del crimen por parte de Bullrich. Lo cual termina de consagrar un cuadro gravísimo de responsabilidades funcionales por parte de la cúpula de la cartera de Seguridad si se tiene en cuenta que también está probado que Pablo Noceti fue quien comandó en persona el operativo represivo contra los mapuches, por el corte de la ruta nacional 40 que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado”.
El legislador kirchnerista afirmó que el magistrado debe ordenar la detención de ambos funcionarios, ya que “quienes todavía mantienen el dominio de la investigación, y por lo tanto, además de resultar responsables políticos de la desaparición de Santiago, se encuentran en condiciones de ocultar evidencias y obstaculizar la investigación, es decir una de las causales que justifica el dictado de la prisión preventiva”.