Con la firma de los directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay, la organización no gubernamental formalizó una denuncia contra el Presidente, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y el presidente y vice de Arsat, Rodrigo de Loredo y Henoch Aguiar, por abuso de autoridad y administración fraudulenta", tras el acuerdo que le entregó el 51 por ciento de Arsat a la estadounidense Hughes.

Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti apuntaron contra la maniobra por tratarse de un acuerdo sin la aprobación del Congreso, tal y como lo requiere el Art. 10 de la Ley 27.208, la norma de Desarrollo de la industria satelital.

Los denunciantes solicitaron a la Justicia que "controle la legalidad del procedimiento para que se advierta, investigue y castigue esta conducta delictiva". El mandatario lo presentó como "un acuerdo estrictamente sobre un satélite y que tiene un carácter más comercial, que tecnológico".

El texto difundido advierte que la Carta de Intención suscrita entre Arsat y Hughes configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (articulos 75 y 116 de la Constitución), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 de la carta magna).

La denuncia compartida en las redes


INSTITUTO ARTURO ENRIQUE SAMPAY·MARTES, 18 DE JULIO DE 2017

Se denuncia la tentativa de privatizar ARSAT - 


El Instituto “ARTURO E. SAMPAY”, en consonancia con sus fines estatutarios de defensa de la institucionalidad y del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, hace saber que dará inicio a las acciones legales, denuncia penal y acción de amparo, para anular y sancionar debidamente a quienes hayan tenido autoría y participación en los actos preparatorios para la enajenación, -sin autorización del Congreso de la Nación y contraviniendo lo dispuesto por la Ley 27.208 de orden público-, de capital accionario de titularidad del Estado Nacional en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, a cuyo cargo se encuentra el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-20135.-

La Carta de Intención suscripta entre la empresa estatal argentina AR-SAT y la empresa estadounidense HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC, de fecha 29 de junio de 2017, operada sin la autorización del Congreso de la Nación, tal como lo requiere taxativamente el Art. 10 de la Ley 27.208, configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (art. 248, C. Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (arts. 75 y 116, C.N.), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N.).-

El acto repugnado hiere los principios de auto determinación e independencia económica, científica y tecnológica, establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte de la Ley Suprema de la Nación.-

Finalmente, el Instituto ARTURO E SAMPAY formula un llamamiento a los senadores y diputados de la Nación Argentina a fin que preserven las potestades que la Constitución Nacional les confiere, que no pueden ser usurpadas por ningún otro poder del Gobierno Federal, en resguardo de la soberanía nacional y del Estado de Derecho fundado en la división de poderes.-


Buenos Aires, 17 de julio de 2017

Jorge F. Cholvis | Presidente
Eduardo S. Barcesat | Vocal
Arístides Cortí | Vocal
Instituto Arturo Enrique Sampay