En la madrugada del 21 de mayo de 2019, efectivos de la Bonaerense de San Miguel del Monte persiguieron y balearon a un vehículo en el que iban cinco jóvenes de esa ciudad. El auto perseguido terminó chocando y cuatro chicos perdieron la vida.

A casi cinco meses de la masacre, la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente que familiares de las víctimas sufren espionaje ilegal y seguimiento por parte de agentes de la fuerza provincial que conducen Cristian Ritondo y Maria Eugenia Vidal.

Según se pudo detectar, policías encubiertos estuvieron en marchas que se llevaron a cabo por el esclarecimiento de los crímenes y hasta en conferencias de prensa realizadas para reclamar justicia.

Varios familiares de los chicos asesinados aseguraron también haber recibido amenazas y seguimientos efectuados por agentes de civil, de acuerdo a la denuncia penal presentada, que involucra al ministro de Seguridad provincial y a la mandataria bonaerense.

“En todas las marchas que se hicieron en mayo y junio, por lo menos, se infiltraron policías, pero el caso más evidente fue el 5 de julio, cuando la CPM vino a presentar su informe; ese día fue demasiado obvio porque fue en un lugar cerrado”, indicaron a Página 12 los familiares.

Aquel 5 de julio, la Comisión presentó su informe sobre los hechos en el Centro Tradicionalista Martín Fierro de Monte, y dos sujetos presenbtes fueron identificados por los vecinos como efectivos de la Bonaerense. Al ser señados, se retiraron y ascendieron a un vehículo sin patente.

Como se sabe, en la masacre murieron Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez, y sufrió heridas gravísimas Rocío Quagliariello, todos miembros de familias del lugar.