El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ejecutó sólo el 22% del presupuesto destinado a las tres organizaciones de Derechos Humanos que funcionan den esa provincia y generó el repudio de estas entidades.
Tanto Abuelas de Plaza de Mayo, como HIJOS y la Asociación de ex presos políticos de Córdoba denunciaron el "abandono" y la "asfixia presupuestaria" del gobierno de De la Sota, que se desentendió de la situación.
Los organismos que integran la Comisión Provincial por la Memoria, tenían asignada la suma de 3,5 millones de pesos, pero sólo vieron depositada la suma de 800 mil pesos hasta el momento, y no recibieron ninguna respuesta del gobierno cordobés.
Según expresaron desde las entidades, esta falta de presupuesto o, mejor dicho, de ejecución de los fondos, desembocó en no poder atender a unas 1600 solicitudes de información sobre documentación de la última dictadura militar, acción que es gestionada por el Archivo Provincial de la Memoria. Esas solicitudes, son de personas o instituciones que riegan información sobre delitos de lesa humanidad.
A pesar del reclamo que realizaron los organismos de Derechos Humanos, De la Sota sigue ignorándolos y sin recibirlos, más allá del pedido de una reunión que fue desentendido por las autoridades locales.
Como expresaron desde Abuelas e HIJOS, la última vez que el gobernador los recibió fue en 2011. El resto de las ocasiones derivó la responsabilidad en la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ejecutó sólo el 22% del presupuesto destinado a las tres organizaciones de Derechos Humanos que funcionan en esa provincia y generó el repudio de estas entidades.

Tanto Abuelas de Plaza de Mayo, como HIJOS, y la Asociación de ex presos políticos de Córdoba denunciaron el "abandono" y la "asfixia presupuestaria" del gobierno cordobés, que se desentendió de la situación hasta el momento.

Los organismos que integran la Comisión Provincial por la Memoria tenían asignada la suma de 3,5 millones de pesos, pero sólo vieron depositados 800 mil hasta el día de la fecha, y no recibieron ninguna respuesta del gobierno local.

Según expresaron desde las entidades, esta falta de presupuesto o, mejor dicho, de ejecución de los fondos, originó que no se puedan atender unas 1600 solicitudes de información sobre documentación de la última dictadura militar, acción que es gestionada por el Archivo Provincial de la Memoria.

Esas solicitudes son de personas o instituciones que riegan información sobre delitos de lesa humanidad, que permiten investigar diferentes hechos.

A pesar del reclamo que realizaron los organismos de Derechos Humanos, De la Sota sigue ignorándolos y sin recibirlos, más allá del pedido de una reunión que fue desentendido por las autoridades locales.

Como expresaron desde Abuelas e HIJOS, la última vez que el gobernador los recibió fue en 2011. El resto de las ocasiones derivó la responsabilidad en la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep.