La persecución política del macrismo hacia los accionistas del Grupo Indalo sigue profundizándose. En un nuevo acto de lawfare, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron los procesamientos contra los empresarios por una supuesta administración fraudulenta que fogoneó la extitular de la Oficina Anticorrupción de Mauricio Macri, la polémica Laura Alonso.

Lo llamativo -o no tanto- es que no hallaron prueba alguna para tal decisión. El empresario Cristóbal López, denunció a los jueces por hacer "derecho creativo" con este caso. 

"Los jueces Bruglia y Bertuzzi me procesaron en una causa por hechos sobre los que ni siquiera fui indagado. No dicen qué hice o dejé de hacer. Otro caso más de derecho penal creativo", publicó López en su cuenta de Twitter.

"Casualmente Bruglia y Bertuzzi son asesorados por el mismo abogado que hasta hace poco tiempo me acusaba en representación de la AFIP", agregó. 

Ampliar contenido
Cristobal López on Twitter
Ampliar contenido
Cristobal López on Twitter
Ampliar contenido
Cristobal López on Twitter
Ampliar contenido
Cristobal López on Twitter

"Bonadio había dicho que yo era accionista de CPC: demostré que no había delito y que yo no era accionista en esa época. Igual me procesó. Bruglia y Bertuzzi revocaron ese fallo y me procesaron basados en la causa cuadernos. Otro caso de derecho creativo."

"Dicen que es "público y notorio" la pertenencia de esa empresa al Grupo Indalo. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿La causa cuadernos? Tampoco. Volvieron al cargo para terminar lo que hace tiempo empezaron: una persecución política basada en adjudicar responsabilidades penales inventadas", concluyó el empresario. 

El sitio Ámbito Financiero publicó este lunes una nota en la que queda demostrada la falta de pruebas para tal fallo contra López. 

En la misma indica que la causa es por una obra de optimización de un acueducto que atraviesa las provincias de Chubut y Santa Cruz, adjudicada en 2013. "Pero ni bien llegó el macrismo actuó para perseguir y hostigar a los accionistas que no accedieron a las extorsiones. Por tal motivo, la AFIP, la AFI, jueces y medios cayeron sobre López y De Sousa".

"La pericia oficial incorporada en el expediente 15384/2017 rechazó la denuncia por sobreprecios y dio por tierra la acusación de la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Con esta falsa denuncia inmediatamente llegó la rescisión de contrato a la empresa CPC por parte del gobierno de Mauricio Macri. Obras Públicas, en ese momento estaba a cargo de Rogelio Frigerio. Todo armado. Una denuncia falsa, un juez “receptivo” y la rescisión del contrato", explica la nota de manera contundente.