En lo que parece una nueva obra teatral escrita y producida en Tribunales, pero dirigida por el más alto poder político, el Grupo Macri inició una demanda para que la justicia de el visto bueno a su reclamo de perjuicios por la expropiación que dictó Néstor Kirchner en 2007, aunque la misma empresa lleve 17 años desconociendo su deuda con el Estado.

Fue el informe de la fiscal Gabriela Boquin, el que en 2016 detectó la maniobra del macrismo desde el poder ejecutivo de allanar el camino de la condonación de esa deuda -4 mil millones de pesos con los intereses acumulados- sin embargo, la empresa del clan Macri consiguió retrasar la investigación judicial con la dilación del informe que debe presentar la Auditoría General de la Nación.

Como parte de esta estrategia para evitar cumplir con su deuda, la empresa postal emitió otras demandas paralelas contra la administración nacional y así equiparar en los mostradores judiciales sus incumplimientos: son cinco expedientes que confluyen.

En uno de ellos, tramitado ante la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra, la empresa pide 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar como deuda -oscila entre 27 y 29%- mientras que en otro, ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal, plantean la inconstitucionalidad del decreto 721/04 que creó el Correo Oficial. 

De acuerdo ala información publicada por Página 12, si Rodríguez Vidal hace lugar al pedido, sentará las bases para acreditar la validez del resarcimiento, de ahí el apuro que muestra después de 17 años el abogado de la empresa posatal, Jaime Kleidermacher, para que se “dicte sentencia” sobre ese tema.

En la causa que tramita Marra Giménez, el Correo definió sus pretensiones económicas -alrededor de 1.800 millones- por inversión en instalaciones que pasaron a manos estatales, por “daños contractuales” por supuestos pagos de canon en exceso, “servicios impagos” y “bienes no inventariados”, sumando más de 500 millones más.

El otro expediente trata el concurso de acreedores, pero nunca se logró el acuerdo razonable para el pago de la deuda, y está prácticamente paralizado desde marzo del año pasado en el juzgado federal de Ariel Lijo. Se trata de una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri y al extitular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad, su representante legal, los síndicos de la quiebra y la jueza de primera instancia. 

Como telón de fondo, esta semana entró al Congreso el esperado informe de la AGN, que preside el peronista Oscar Lamberto, de características reservadas y que tendrá la evaluación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.