Según aseguran desde la AFIP, el magistrado no fue la única víctima de esta presunta asociación ilícita ya que entre esos dossiers también se involucran a empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como Alcalis de la Patagonia y la petrolera OIL, entre otras.

Cabe remarcar que tanto la diputada Carrió como el titular de la AFIP, Alberto Abad, fueron imputados en la Justicia por participar de una red de informante ilegales, que involucra a un grupo de funcionarios, informó Ambito Financiero.

Este grupo estaba encabezado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky. Entre las personas que se encuentra investigados están la legisladora Margarita Stolbizer y sus asesores eran "clientes" de Abad y Mecikovsky.

El uso de estos datos le permitió a Carrió denunciar al titular de la Corte Suprema por un enriquecimiento ilícito, tras detectar un "sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país".

Carrió sostenía que Lorenzetti no había declarado la percepción de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Sin embargo, esa causa fue cerrada en marzo pasado por carecer de sustento legal, continuó informando Ambito Financiero.

El mismo medio alertó que los actuales empleados de la entidad alertaron que los registros que permiten rastrear la elaboración de los "dossiers" con datos tributarios de personalidades políticas están siendo borrados de las computadoras del organismo.

Entre las víctimas se encuentran los ya mencionados Cristóbal López y Fabián De Sousa, como Alcalis de la Patagonia y la petrolera OIL, entre otras; el entorno del presidente Mauricio Macri, por la familia Awada, Nicolás Caputo y Emilio Monzó, varios jueces federales y exfuncionarios kirchneristas.

Causa penal

El fiscal Eduardo Taiano abrió una causa penal, que ahora instruye el juez Claudio Bonadio.  

La maniobra investigada tiene como eje al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior pero que actuaría con el "aval" de Abad y del titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola.

Por debajo de esa estructura, actuarían Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); el agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP. Se los acusa de violación de secretos, fijado en el artículo 157 bis del Código Penal que reprime con un máximo de dos años de prisión a quien "a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; o ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información cuyo secreto estuviere obligado a preservar".