Cumplidos cincos años del crimen, el Tribunal, integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, condenó a Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y a Rodrigo Ismael Sosa, de 22, como "coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad".

De esta forma, el TOF acompañó el pedido expuesto en su alegato por el fiscal Martín Suárez Faisal, sobre el homicidio ejecutado con alevosía, y coincidió en conceder la pena pedida tanto por el representante del Estado como por las querellas.

Suárez Faisal, en su alegato, no descartó que haya implicancias políticas en el crimen, pero se limitó a solicitar la condena por el homicidio en ocasión de robo.

La teoría de la querella

La querella que representó a la familia de Suppo, encabezada por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, abonó la teoría de que el robo no fue la causa del crimen al considerar que éste tuvo que ver con la historia de militancia de la mujer.

“No termina acá la batalla judicial. Hay que avanzar en la mecánica, el móvil, en la estructura que hizo posible el asesinato y en el rol de la policía”, dijo a Infojus Noticias Marina Destéfanis, hija de la víctima y parte de la querella. El próximo 9 de abril se conocerán los argumentos de los jueces.

Silvia Suppo fue testigo, poco tiempo antes de ser asesinada, en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos ocurridos tras su secuestro.

En tanto, Lucía Tejera, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que se debería ahondar en la "responsabilidad institucional de la policía de la provincia" en la investigación del crimen, algo que también plantearon Puyol y Munné.

Suppo fue apuñalada en su comercio del centro de Rafaela en la mañana del 29 de marzo de 2010, y tanto Cóceres como Sosa confesaron el crimen.

En el inicio de la audiencia los acusados cambiaron su testimonio inicial en el juicio y al serles concedida la palabra declararon que eran inocentes y que nunca ingresaron al local comercial de la víctima.

Tras el cumplimiento de ese derecho constitucional de los acusados, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y retornó pasado el mediodía para dar lectura a la sentencia, en la voz de la presidenta del cuerpo, María Ivón Vella.