El kirchnerismo no se detiene y busca maneras en que el poder judicial vuelva a estar en servicio del pueblo y no de las corporaciones. Y el proyecto que presentó la senadora del Frente de Todos por Neuquén, Silvia Sapag, para reformar la composición de la Corte Suprema de Justicia, va en esa línea.

Lo principal es que se eleva a 15 el número de jueces (hoy son cinco) del tribunal y propone analizar los antecedentes laborales de los magistrados, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados.

Sapag presentó el proyecto durante el inicio de un plenario de comisiones del Senado donde se abrió el debate sobre la reforma de la Corte. Su propuesta incluye pedidos de informes impositivos y de declaración de bienes y antecedentes laborales de los magistrados.

La legisladora del oficialismo explicó que "es importante no sólo hablar de números sino también de la calidad" de los miembros del tribunal, por lo que en su propuesta incluye, entre otros puntos, que los jueces informen sobre sus bienes.

En un capítulo del texto titulado "Transparencia y conflictos de intereses", la senadora propone que los candidatos a ocupar vacantes del tribunal deberán presentar "una declaración jurada con la nómina de todos todos los bienes propios, los de su cónyuge y o conviviente e hijos", informó Télam.

También sostiene que deberán presentar otra declaración con la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años y los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen.

Además pide que especifiquen la nómina de clientes o contratistas de por lo menos ocho años en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar su criterio por actividades propias o de su familia.

Sapag explica en su texto que el objetivo es "permitir una evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses".

La iniciativa incluye el requisito para que la AFIP brinde "un informe relativo al complimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas" para integrar el tribunal.

Sobre la paridad de género, el proyecto indica que la integración de la Corte no podrá tener más de ocho miembros del mismo género para garantizar la equidad.