El Gobierno parece estar sumido en una carrera desesperada para hacerse de la documentación y la información vinculadas a coimas pagadas en la Argentina por la constructora Odebrecht.

Es que, como se sabe, el Ministerio Público Fiscal del Brasil prometió enviar desde el jueves próximo toda esa información a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien luego la distribuirá entre los fiscales actuantes en los distintos casos abiertos en la Justicia.

El macrismo no quiere saber nada con que así sea y pretende hacerse de ese material antes que la procuradora y en cuanta sea posible. Para ello evita los canales institucionales y opta por reunirse desde el más alto nivel oficial con la compañía que pagó aquellas coimas.

Así, fue el ministro de Justicia Germán Garavano quien el sábado último se reunió en el más absoluto secreto con el abogado que representa a Odebrecht en nuestro país, Guido Tawill, como parte de la negociación paralela que puso en marcha el macrismo para intentar desplazar a Gils Carbó, según da cuenta Infobae.

Es que, como se dijo, desde el país vecino se pretende evitar un uso político del escándalo Lava Jato, que sacude también a nuestra nación, ya que están nombrados empresarios locales vinculados al macrismo. De hecho, la Fiscalía brasileña nunca los entregó esa documentación a un gobierno.

De modo que el titular de la Procuración General de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, firmó el viernes pasado un oficio dirigido a Gils Carbó en el que la informa que mantendrá el acuerdo entre fiscalías para compartir la información, y en el que le solicita que esos datos no se hagan públicos.

De acuerdo a varios medios argentinos, dicha información comenzará a llegar el jueves próximo, por lo que el macrismo avanza en su carrera contrarreloj para hacerse de la documentación que compromete seriamente al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, entre otros.