La denuncia de un grupo de diputados y la Fundación por la Paz describía una maniobra por la cual el Gobierno se comprometía, de acuerdo aun documento firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti en 2016, a transferir 300 millones de dólares a una offshore donde Qatar también depositaría 1.000 millones, con el objetivo final de invertir en la Argentina durante tres años: dicha operatoria era indudablemente ilegal, ya que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no puede enviar dinero al exterior sin autorización previa.

A partir de la publicación de aquel memorando, legisladores agrupados detrás de Guillermo Carmona y la mencionada ONG lo denunciaron ante la justicia, pero el magistrado Daniel Rafecas lo desestimó porque no se consumaron los delitos. Luego la fiscal Paloma Ochoa apeló argumentando que los funcionarios tenían pleno conocimiento de que la operatoria era ilegal.

El fiscal general Germán Moldes apoyó el recurso contra el Gobierno, pero fue la Cámara de Apelaciones quien nuevamente rechazó el pedido esta vez de parte del representante del Ministerio Público Fiscal, quien reprodujo su accionar pero ante la Cámara de Casación.

Este lunes, se pronunciaron negativamente los magistrados y adujeron que Moldes limitó “la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes sin tomar a su cargo rebatir los fundamentos de la resolución que censura”.

“De estas huérfanas manifestaciones se advierte que resulta inidóneo el escrito presentado, puesto que el fiscal no ha intentado mínimamente confutar las razones argumentativas brindadas por el a quo (NdR: Daniel Rafecas) en la resolución atacada para demostrar la arbitrariedad que alega”, se puede leer en el fallo.

“Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación, no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, había planteado Moldes.