Hasta principios del corriente mes, un total de 3.683 funcionarios jerárquicos de la administración pública nacional no habían presentado su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), como ordena la ley.

El total de funcionarios obligados a informar su patrimonio año asciende a 47.329 personas, ya que incluye a los personas que prestaron servicios durante el gobierno anterior, que tienen que presentar su informe de “baja”, y a todos los macristas, con un plazo de presentación que venció el 30 de mayo.

Sin embargo, hasta ahora sólo pocas más de 90 personas recibieron una sanción económica por no haber hecho público su patrimonio, con la retención del 20 por ciento del sueldo que perciben.