Esta “operación escudo”, tal como la denominó el secretario de Justicia Julián Alvarez y coincidieron desde el oficialismo, tiene como fin “frenar los nueves expedientes de destitución” que tiene en el Consejo, con nuevas embestidas.

Este jueves, Álvarez volvió a denunciar al juez Bonadío, que a esta altura suma 34 denuncias y 10 pedidos de destitución.

En la lista de sus contragolpes cada vez que se lo investiga, figura Hotesur. El 20 de marzo ya se había anotado otra, cuando la Comisión de Disciplina y Acusación citó a Bonadío por mal desempeño en el trámite de las causas Tandanor y Yoma y, ese mismo día, el magistrado firmó la elevación a juicio del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en una causa por abuso de autoridad.

Bonadío acumula nueve causas por mal desempeño en el Consejo, entre las que se destaca la acusación por “dilatar la instrucción de dos casos emblemáticos de corrupción que tuvieron lugar durante la década del noventa, y que son la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma SA.

El juez tardó cuatro años en realizar la investigación (comenzó en 2002) en la causa Tandanor (caratulada Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional) y, recién en 2006, tomó declaración indagatoria a los imputados dando por terminada la etapa preparatoria.

Pero, además, la fiscalía pidió la elevación a juicio, algo que el juez demoró tres años en aceptar, materializándose recién a fines de 2009. En esta causa se investigaba la operatoria de consorcio Marítimo SA, la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90 por ciento de las acciones de Tandanor por siete millones de pesos en efectivo y otros 52 millones mediante cheques de pago diferido y una póliza de caución, pero la firma resultó insolvente y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.

Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío, y el Tribunal Oral consideró más tarde que por lo menos los últimos tres años se podrían haber ahorrado.

La segunda denuncia es por su actuación en la causa por la curtiembre Yoma SA, que recayó en la oficina de Bonadío en el 2000 y superó a Tandanor en cuanto a extensión en el tiempo que tomó su resolución, al completar un período de diez años, cinco para llamar a los imputados a declaración indagatoria y otros cinco para conceder la elevación a juicio que pidió el fiscal.

Yoma SA cedió títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y las entidades bancarias, sólo que la curtiembre ya había cedido los mismos títulos al Banco Macro, por lo que la maniobra implicaba una estafa al Banco Nación.

El juez tiene otros dos expedientes más en su contra relacionados con la tragedia de Once, ocurrida en el 2012 con un saldo de 52 muertos y 789 heridos. Bonadío fue denunciado por la tardanza en los llamados a indagatorias y por haber dado la orden de cesar la búsqueda de sobrevivientes antes que apareciera el cuerpo de Lucas Menghini Rey, que llevaba dos días muerto en la cabina auxiliar del conductor, situada en el cuarto vagón de la formación, mientras sus familiares y amigos lo buscaban creyendo que podía estar perdido o internado y los bomberos, que hoy están procesados, ya no lo buscaban por orden del juez.

Otra de las causas, surgió de la denuncia de Luis Echarren, una de las víctimas de un contagio masivo de HIV y Hepatitis C que se generó en la Fundación Hemofílica por el suministro de concentrados importados contaminados. Según consta en la denuncia, Bonadío jamás impulsó la causa y muchos pacientes que fueron víctimas del contagio murieron sin la posibilidad de siquiera prestar declaración y, mucho menos, ver que se hizo justicia.

Entre las irregularidades que se le adjudican a Bonadio figura la “demora injustificada” en la citación a indagatoria de los imputados, las que fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados nunca fueron indagados, y otros fueron sobreseídos.

Otra denuncia fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, que relata haberse presentado en varias oportunidades ante el Juzgado de Bonadío para solicitar un certificado de sobreseimiento, que nunca ha logrado que le sea expedido, o bien le era entregado en forma defectuosa sin obtener explicaciones del juez o de ninguno de sus empleados, de quienes refiere haber recibido malos tratos y discriminación.

A raíz de esta denuncia, se le solicitó al juez el envío de documentación referente al tema, cosa que nunca hizo. La quinta denuncia fue presentada por Andrés Sergio Marutian y es por “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones y “abuso de autoridad”, en virtud de que en el marco de la causa “Ricardo Jaime s/ negociaciones incompatibles” el magistrado resolvió rechazar in límine un pedido de exención de prisión de su defendido sin dar intervención al Fiscal, e incurriendo en una demora injustificada de 72 horas en la elevación del incidente de apelación de la resolución denegatoria de la libertad.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó lo dispuesto por Bonadío, y precisó que los motivos expresados por el juez en oportunidad de resolver en dicha incidencia, eran irrazonables. La sexta denuncia la presentó el abogado Gregorio Dalbón, y también es por “mal desempeño” y por “posible comisión de delito en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales” en la causa por la Tragedia de Once.

Según se denuncia, Bonadío asistió a numerosos actos procesales que dan muestra elocuente de un comportamiento arbitrario por parte del juez, que utilizó la causa de Once “para fines propios y no para la búsqueda de la verdad”. El juez fue notificado de la existencia de esta denuncia en su contra y de la oportunidad de hacer su descargo, cosa que nunca hizo.

La séptima denuncia contra Bonadio es la que presentó la abogada Gloria Raquel Altamirano por “violaciones graves a sus deberes” por “obstaculizar” el ejercicio de la defensa técnica.

Según se indica, Bonadio le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, además de recibir “un trato cruel, inhumano y degradante” por parte del magistrado y del personal del juzgado a su cargo, agregando que han recibido por parte del magistrado y del personal del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, que él preside.

La octava denuncia contra Bonadío la presentó el abogado Alejandro Rúa y es por “mal desempeño” en el marco de una causa por “severas irregularidades” en el proceder del magistrado, que inició una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de la legitima defensa de sus asistidos en el procedimiento.

Además, lo acusa de “incumplir los señalamientos que le hiciera” al juez “la Cámara”, lo que afectó “los derechos de defensa” de sus asistidos, “situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa”. La novena denuncia también tiene que ver con la causa conocida como Tragedia de Once, y está relacionada con la orden de Bonadio de cesar la búsqueda de Lucas Menghini, presentación también realizada por Gregorio Jorge Dalbón.

El magistrado ordenó a los bomberos y socorristas que cesaran la búsqueda del joven, pero ellos propusieron métodos alternativos de búsqueda para no afectar la escena del hecho, lo que fue rechazado por el juez. Con posterioridad, y en virtud de la repercusión mediática alcanzada por el caso de Lucas Menghini Rey, imputó a bomberos y policías por incumplimiento de deberes de funcionario público, y los llamó a prestar declaración indagatoria.

Cada vez que Bonadío dio instrucciones para conducir la búsqueda del joven, la Cámara resolvió apartarlo del incidente de la búsqueda en el entendimiento de que podría estar “investigándose a sí mismo” y entendió que estaba contaminado.