Según informaron fuentes oficiales, a partir de la medida, los policías dejan de prestar servicio automáticamente y deben entregar el arma reglamentaria.

Además, durante los próximos seis meses, pasarán a cobrar el 50 por ciento del salario hasta que se defina si se los desvincula definitivamente de la fuerza o no.

En total, son investigados más de 1800 efectivos que participaron de las protestas que se registraron en octubre del año pasado, y que se desarrollaron frente a la residencia de Olivos, en el Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza y otros lugares, en demanda de mejoras salariales y laborales.