"La medida constituye otro caso inequívoco de abuso de autoridad y su finalidad no es otra que la de ocasionar a la ex Presidenta de la Nación perjuicios indebidos, generando al propio tiempo un hecho de características escandalosas para, de alguna manera, intentar opacar las noticias que dan cuenta de la debacle económica que lamentablemente atraviesa nuestro país", aseguró el abogado Carlos Beraldi en un comunicado. 

El letrado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, realizó un descargo contra el juez federal Claudio Bonadio en el que insistió con que se lo cite a indagatoria por "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

"La orden de Bonadio carece de todo fundamento y justificación", indicó el abogado en el escrito, y explicó que "no existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos por una fuerza de seguridad", en referencia a los bienes secuestrados de la casa de la expresidenta.

El texto completo:

En el día de ayer, por disposición del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa conocida como “las fotocopias de los cuadernos” fueron retirados del domicilio sito en la calle Uruguay 1306, piso 5º de esta ciudad, una serie de efectos personales de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, tales como cuadros y objetos de decoración de su hogar.

La medida en cuestión, una vez más, constituye otro caso inequívoco de abuso de autoridad y su finalidad no es otra que la de ocasionar a la ex Presidenta de la Nación perjuicios indebidos, generando al propio tiempo un hecho de características escandalosas para, de alguna manera, intentar opacar las noticias que dan cuenta de la debacle económica que lamentablemente atraviesa nuestro país.

Al respecto es necesario que se conozcan las siguientes circunstancias:

1) La orden de Bonadío carece de todo fundamento y justificación, ya que los objetos que fueron retirados se encontraban en el domicilio de mi representada debidamente inventariados, tasados por el Banco Ciudad y puestos a resguardo, como es de estilo, mediante la designación de un depositario judicial. En otras palabras, no existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos por una fuerza de seguridad.

2) La orden en cuestión fue impartida en el marco de un incidente procesal cuyo objeto, paradójicamente, era obtener la devolución de otros bienes que, también de manera ilegítima, habían sido secuestrados durante un allanamiento llevado a cabo en la localidad de El Calafate. O sea, en lugar de cumplir la ley y devolver lo que estaba indebidamente secuestrado, Bonadío aprovechó la oportunidad para aumentar sus arbitrariedades, llevándose lo que no correspondía. 

3) El Senado de la Nación, al momento de autorizar los allanamientos, le indicó expresamente al juez la forma en que debía ejecutar el procedimiento, respetando la dignidad y el decoro de quien fuera dos veces electa democráticamente como Presidenta de nuestro país y Senadora por la provincia de Buenos Aires, así como también garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Nada de ello ocurrió: los procedimientos fueron ejecutados por orden de Bonadío de manera escandalosa. Como no encontró ni bóvedas ni ninguna prueba que incriminara a la ex Presidenta, se aprovechó del permiso que le fue conferido para secuestrar objetos que nada tienen que ver con la investigación a su cargo; ello, con el único e indisimulable propósito de ocasionar perjuicios. Incluso, de manera directa violó los derechos constitucionales de mi representada, impidiéndome que participara y controlara el desarrollo de la diligencia que tuvo lugar en el domicilio de la calle Uruguay.

4) Con relación al procedimiento del día de ayer debo destacar que en un primer momento éste se desarrolló en un marco de relativa discreción. Sin embargo, al finalizar el operativo y de manera coordinada, los agentes policiales se colocaron sus chalecos identificatorios con las siglas PFA (Policía Federal Argentina) para que pudieran tomarse fotografías y registrarse filmaciones mientras cargaban en una camioneta los efectos personales de la Dra. Kirchner, escenas que, naturalmente, luego fueron filtradas a la prensa y ocuparon la primera plana del diario Clarín y otros medios periodísticos.

5) También debo destacar que de manera coordinada, el procedimiento del día de ayer fue ordenado por Bonadío tan solo un día después de que el fiscal Taiano pidiera su sobreseimiento en la causa en la que se investiga al magistrado por haber expulsado del allanamiento en el domicilio de la calle Uruguay a la defensa de la Dra. Kirchner. La petición del fiscal se basó en argumentos insólitos y falaces, a saber: i) Bonadío no violó ninguna norma procesal en aquel procedimiento, pese a lo que expresamente indican los arts. 200 y 228 del CPPN; ii) la exclusión no tenía otra finalidad que la de “ordenar el procedimiento”; iii) la presencia del abogado defensor no es un requisito de validez del acto.

Frente a todas estas arbitrariedades, cumpliendo con las obligaciones que me fueron confiadas, en la “causa de las fotocopias” impugné la validez de la medida mediante un recurso de apelación y, en la causa promovida contra Bonadío recusé al fiscal Taiano, reclamando una vez más que se cite a prestar declaración indagatoria al juez denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Ahora bien, a la luz de la crisis que envuelve a una parte del Poder Judicial, en particular, varios Jueces y Fiscales de la Justicia Federal de Comodoro Py, no resulta posible hacer un pronóstico sobre el resultado que tendrán estos planteos, no obstante los fundamentos fácticos y jurídicos que, en exceso, los sostienen. Sin embargo, resulta fundamental, como lo afirmo habitualmente, dejar constancia de cada una de las ilicitudes que estamos viviendo, a efectos de que, oportunamente, ellas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley.

Posiblemente, por el momento nada ocurra; quizás, los jueces y fiscales responsables de todas estas ilegalidades sigan recibiendo, en lugar de sanciones, beneficios personales (vgr., insólitas designaciones como miembros del Tribunal de Disciplina de la “Superliga” del Fútbol Argentino o contratos onerosos en el Poder Judicial de la Nación para sus familiares directos). También es posible que, como otra muestra de impunidad, sigamos viendo cómo estos magistrados se reúnen -incluso de manera pública- con empresarios a los que ellos mismos deben investigar (y no lo hacen), o bien con dirigentes políticos que luego les brindan protección para que los pedidos de juicio en su contra nunca prosperen.

Sin embargo, lo que es seguro es que el año que viene, cuando tengamos la posibilidad de votar nuevas autoridades habremos de reclamar que se ponga un límite a todas estas prácticas ilegales, exhortando a que de una vez por todas tengamos una justicia imparcial e independiente y que el Estado de Derecho nunca más vuelva a ser puesto en riesgo.

Carlos Alberto Beraldi