Grabois, titular de la CTEP, habló en varias ocasiones del "Plan Marshall Criollo", ideado para el día después del coronavirus, que incluso contemplaba la posibilidad de "entregar tierras a los pequeños agricultores".

El Gobierno recibió el proyecto y para evitar que muera antes de empezar en un debate nacional sobre la propiedad privada lo convirtió en un plan que incluso tiene el visto bueno del alcalde porteño.

El plan San Martín estipula una inversión de 3200 millones de dólares en tres años, justo un tiempo que coincide con el mandato de Alberto Fernández. Se basa en la ley del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), presentada por Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot. Máximo elogió la ley el mes pasado, cuando le hizo un guiño a Larreta en plena sesión de Diputados.

Con la colaboración de movimientos sociales como el de Grabois, Cáritas y Un Techo para mi país, el Renabap identificó 4228 barrios populares en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país. Más de 1600 se encuentran en la provincia de Buenos Aires y si bien sólo 53 de ellos están en la Ciudad, en territorio porteño están algunas de las villas más populosas del país. Se estima que viven más de 3,5 millones de personas en todos estos barrios.

La ley, que permite expropiar terrenos para urbanizarlos mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial, fue sancionada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y con el apoyo del kirchnerismo. Sumido en la crisis económica que lo llevó a volver al FMI, Macri nunca encaró el plan después de aprobada la ley.

Grabois con Cristina Kirchner.

Por medio de un fideicomiso para financiar las expropiaciones, integrado por Nación, provincias y municipios, interviene un comité nacional de tasación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La idea inicial no incluía la construcción de viviendas sino obras de cloacas, electricidad, agua y gas natural. Pero la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, también participa del plan. Este fin de semana, en diálogo con Télam, Bielsa un "acuerdo nacional" sobre el desarrollo de villas y asentamientos populares en el país, para ponerlos en condiciones "dignas de vivienda y cumplimiento de los derechos".

También participa del plan el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por medio de las cooperativas enmarcadas en el megaplan "Potenciar trabajo", que tiene bajo su órbita a 580 mil beneficiarios de planes sociales. El plan incluye a cooperativas de la construcción, el reciclado, el rubro textil, el cuidado de personas y el rubro alimentario. Será a través de las cooperativas dedicadas a la construcción que se conseguirá la mano de obra para el San Martín.

Además podrían participar la empresa Aysa y Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Grabois negocia con Larreta, en tanto, para que los fondos de las ventas de las propiedades públicas que hace la Ciudad se destinen al plan de urbanización de villas.

Grabois tiene el control total de la Secretaria de Integración Socio-Urbana del ministerio que conduce Bielsa. Allí ubicó a dos dirigentes de la CTEP, Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli. Junto a la abogada García Monticelli (dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE) Miño trabajó en la elaboración del Renabap.

Fuente: LPO