La propuesta lanzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa del 1 de este mes obtuvo diversos pronunciamientos a favor, especialmente después del ataque que sufrió un hombre que fue arrojado desde el Puente Avellaneda durante una manifestación y corte de trabajadores portuarios.

"Existe la necesidad de generar mecanismos de peticiones, reclamos y ejercicios del legítimo derecho a la protesta de otra manera, sin afectar a terceros, generando condiciones para que tengan visibilidad, pero en un marco de razonabilidad y prudencia", afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

También legisladores oficialistas salieron a respaldar la idea de impulsar "un código de normas de convivencia que eviten que las personas que ejercen su derecho a la protesta no afecten al resto de los ciudadanos", según expresó la diputada Teresa García.

De igual forma, su compañero en el bloque del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde subrayó que el gobierno "no pretende criminalizar la protesta, sino que busca el equilibrio para que no haya un daño mayor".

Marcó que "hay abusos" con relación a los cortes de calles y avenidas por parte de pequeños grupos que afectan los derechos de los demás habitantes. Además, el vicepresidente de la bancada del FpV en Diputados,

Pablo Kosiner reclamó a los fiscales que "tengan una actitud proactiva" y advirtió que ellos cuentan con las herramientas "para actuar en forma independiente".

"La Justicia debe tener una actitud más dinámica y los fiscales estar más activos en el lugar de los hechos protegiendo a la comunidad", insistió en alusión a los códigos contravencionales.

Desde el abanico opositor, el titular del bloque PRO, Federico Pinedo, abogó por un "mecanismo de convivencia entre los derechos a expresarse políticamente y el derecho a circular".

"Regular no es restringir, sino establecer criterios", declaró por su parte la también macrista Laura Alonso, para quien una iniciativa de este tipo podría articularse a través de una normativa contravencional.

En tanto el titular del bloque del massista Frente Renovador (FR) en Diputados, Darío Giustozzi, también apoyó la iniciativa y afirmó que el país necesita "reglas de convivencia claras en donde los derechos de uno no avasallen los de otros".

"El método de protesta del tipo piquete se volvió violento y ha ido perdiendo legitimidad. Una cosa era Cultral-Có en 1994 y otra cosa es que ualquiera haga cualquier cosa", opinó el ex intendente de Almirante Brown.

En cambio la UCR y el Partido Socialista -potenciales socios en un frente de cara al 2015- mostraron diferencias en torno a la necesidad de legislar sobre la cuestión.

El radicalismo coincidió en la idea de impulsar una iniciativa en ese sentido, pero el socialismo consideró "riesgoso" limitar las manifestaciones y abogó por generar un ámbito de diálogo que atraviese a todos los sectores.

Aún con reticencias, desde la UCR se mostraron de acuerdo con la postura presidencial, aunque aclararon que la legislación por "si sola no resuelve el problema".

"La legislación puede hacerse, pero el tema es complejo y por lo tanto, no puede abordarse solo desde la ley", dijo a Télam el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, quien agregó que "es necesario que la gente comprenda que tiene que cumplir con las normas".

El socialismo, en cambio, impulsa la constitución del Consejo Económico, Social y Político, una idea del ya fallecido legislador socialista Guillermo Estévez Boero, que apunta a la generación de un ámbito de reflexión, análisis y búsqueda de consenso para resolver los problemas de Argentina.

"Lo que está faltando es un espacio de convivencia, diálogo, trabajo y paciencia, que va a llevar muchos años, más que una ley que reprima", afirmó el diputado socialista Ricardo Cuccovillo, para quien el éxito del proceso dependerá de la "internalización de una nueva cultura que nos acerque a escuchar al otro".