"Amnistía Internacional manifiesta profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino. El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho", señaló la organización en un comunicado de prensa.

De esa manera, Amnistía Internacional expresó su "preocupación y alerta" sobre los últimos anuncios de política de seguridad realizados por el gobierno nacional, como la compra de armas tipo Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y advirtió que van"en detrimento de los derechos humanos".

En los últimos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a la carga con las Taser en los últimos días y anunció la compra de 300 de estas pistolas. No es la primera vez que el macrismo intenta avanzar con el uso de este tipo de armas que, según trascendió, tienen un costo cercano a los 3000 dólares.

Cuando era Jefe de Gobierno porteño, el presidente Mauricio Macri lo planteó pero fue frenado por los organismos de Derechos Humanos que, a pesar de que la justicia porteña las había aprobado, recurrieron a instancias internacionales como la CIDH para obstaculizar la compra y utilización de estas armas.

En cuanto a las Taser, AI indicó que "se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas", y advirtió que "las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona".

"El punto es cómo el Gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.

Asimismo la organización expresó su preocupación ante la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, y recordó que "desde hace años la Argentina ha sido interpelada por organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal".

"Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina, de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal", afirmó Belski.