En medio de los terribles ajustes que está aplicando el Gobierno para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, esta vez desde el Ejecutivo le comunicaron a la UPCN -que nuclea a los trabajadores estatales-, que en el nuevo ajuste que van a realizar en el Estado, avanzarán en la disolución de las leyes convenio, lo que implicaría el despido de 10 mil personas. 

El recorte sería en los entes cooperadores descentralizados que tienen convenios con el Estado y contratan personal tercerizado. Los especialistas en asuntos sindicales no dudaron en calificar lo que se viene como una "masacre social".

Poco después del discurso de Mauricio Macri, ATE (Asociación de Trabajadores Estatales) se movilizó por el centro porteño y realizó un acto frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En un comunicado, UPCN indicó que el miércoles tuvo una reunión con las autoridades de Justicia y Derechos Humanos “donde se nos informó sobre la firme intención política, por parte del Ministerio de Hacienda, de avanzar en la disolución de las Leyes Convenio (Entes Cooperadores), que vienen sosteniendo esta cartera con el conjunto de organismos dependientes de ella desde hace más de 45 años, así también otros ministerios como el de Seguridad y demás organismos, mediante las cuales permiten llevar adelante las políticas públicas que son de vital importancia y relevancia para el conjunto de la ciudadanía”. 

El sindicato que conduce Andrés Rodríguez repudió “toda medida unilateral impulsada a la ligera y de manera irresponsable, sin evaluar las graves consecuencias que atentan contra los derechos, conquistas y por sobre todo, contra la fuente laboral de les trabajadores”, e informó que ha resuelto declarar el estado de alerta y movilización.

Según pudo saber PáginaI12, sólo en Derechos Humanos peligran casi 100 puestos de trabajo. La delegada de ATE, Nana González, explicó que le exigieron al secretario Claudio Avruj “el rechazo absoluto del número de la llamada ‘dotación óptima’.

"Creemos que los funcionarios lo saben, al contrario no sobran sino que faltan trabajadores. Ya se fueron 400 y no vamos a seguir aceptando que achiquen más la secretaría de Derechos Humanos, porque implica una falta de criterio política de la conducción". 

La representante sindical del Centro Haroldo Conti añadió que “dicen que quieren un Estado eficiente, pero lo que buscan es vaciar las políticas públicas de derechos humanos”. 

Fuente: Página 12