El operador macrista Pepín Rodríguez Simón está en una situación cada vez más complicada en Uruguay después de que la Justicia de ese país le negara el pedido de ser considerado un refugiado político y, aunque tiene una instancia de apelación, cada vez está más cerca de tener que presentarse ante la Justicia Argentina.

La jueza María Servini había librado un pedido de captura internacional tras declarar en rebeldía a Rodríguez Simón, decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

La magistrada tomó esa decisión tras la fuga del ex operador judicial de Macri al Uruguay para no prestar declaración indagatoria en la causa en que está imputado en la causa que investiga la persecución y extorsión a los dueños del Grupo Indalo. En Uruguay Rodríguez Simón pidió asilo como refugiado político pero la justicia de ese país le acaba de denegar ese status.

La jueza uruguaya Adriana Chamsarián había suspendido el proceso de extradición de Rodríguez Simón mientras analizaba la solicitud de asilo político que hoy finalmente le denegó. Le había ordenado al ex asesor de Macri que entregara su pasaporte y le había prohibido salir del país.

Rodríguez Simón está también con un pie afuera del Parlasur de donde podría ser expulsado porque la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos votó por mayoría de siete votos contra dos un dictamen que impulsa su "exclusión" en virtud de "su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido". El debate final sobre la separación de su banca se dará en el plenario el próximo 16 de mayo.