"La causa se encuentra paralizada y pareciera que el juez (Julián) Ercolini la tiene cajoneada. Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo de 2013, pero no se verifican avances. Hay una inacción que resulta preocupante", señaló Martín Fresneda.

El funcionario agregó también que "cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el Juzgado y trataremos de desarrollar un estrategia más intensa para producir avances en el expediente".

La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa en la que se investiga la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1977, en una maniobra que habría contado con la complicidad de la dictadura cívico militar.

La empresa en cuestión era una sociedad fundada por el financista  David Gravier, que murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover.

Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por agentes de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los tres diarios y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.

La última medida significativa que se produjo en esta causa, iniciada en 2010, tuvo que ver con el rechazo de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre un pedido de unificación de las tres querellas en una, tal como lo exigía  Ercolini.

"Nosotros celebramos esa medida de la Cámara porque entendemos que cada querella tiene la potestad de fijar su estrategia. La Cámara nos dio la razón en este punto, pero queremos que las cosas se empiecen a mover de verdad", reclamó Fresneda en declaraciones a la agencia de noticia Télam.

Concretamente, el funcionario se refiere al pedido de indagatoria sobre Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación.

Pero hasta el momento, sólo Papaleo y Ianover ofrecieron sus testimonios en sede judicial en calidad de testigos, y no existen certezas respecto de cuándo serán citados los acusados.

"No hay motivos para seguir demorando estas indagatorias. Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad", fundamentó el funcionario.

Para Fresneda, esta causa es de vital importancia en el propósito de dar cuenta de "la complicidad empresarial con el terrorismo de estado", que se llevó a cabo en Argentina entre 1976 y 1983.

"Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición", subrayó.

Fresneda señaló además que el jefe de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad, fiscal Jorge Aguad, tomó contacto con el expediente y pretende tener una actuación en la causa.

"No hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia", concluyó.