El plenario de Comisiones del Senado que debate los proyectos para modificar la ley de Abastecimiento, además de incorporar a la normativa vigente un nuevo fuero para defensa del consumidor y un observatorio de precios, se encuentra en desarrollo.

Desde el oficialismo le reclamaron al sector empresario corporativo que realicen observaciones puntuales al articulado de los proyectos y no solo discursos políticos.

En tanto, desde el empresariado argentino subrayaron que no apoyarán una "ley intervencionista" que afecte sus intereses.

En este sentido, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, acusó a la iniciativa de parecerse a las políticas aplicadas en Venezuela.

"Nadie puede negar en el siglo XXI la importancia que tiene el Estado pero vayamos a los ejemplos virtuosos como Chile, y no a los que han hecho desastres" acusó Etchevehere.

"El campo no necesita que se sancione esta ley (de Abastecimiento) para conocer qué efectos tendrá porque la intervención del Estado en la actividad productiva ya lleva 10 años y los efectos han sido negativos" disparó el titular de la Sociedad Rural.

Sobre este punto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich había explicado en su intervención que existen "posiciones minimalistas" sobre cuál debe ser el rol del Estado respecto de la economía y advirtió que "hay muchos que lo único que hacen es aborrecer la función regulatoria del Estado desde el punto de vista económico".

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, destacó que lo que se busca con la ley es generar un sistema "más pragmático y más liviano" y así brindar mayor agilidad en la resolución de reclamos.

El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo (que incluye entre otros la Ley de abastecimiento) tiene por objetivo actualizar los mecanismos existentes y mejorar la protección a los consumidores, limitando las prácticas abusivas de los monopolios.

Desde el oficialismo se incluyó la discusión de los tres proyectos que integran el paquete de reforma de ley de abastecimiento, aunque la oposición se mostró molesta porque quería comenzar por tratar sólo el texto centrado en los consumidores. Además solicitaron la presencia del ministro Axel Kicillof.

En el caso de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la iniciativa de regulación fue bien recibida: su titular, Osvaldo Cornide, advirtió que existen "muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados, que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las Pymes y los consumidores".

El secretario de Comercio, Augusto Costa, recordó que el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento elimina la posibilidad de que algún empresario vaya preso por incumplimiento de la norma: "Lo que estamos haciendo es reformar una ley vigente y eliminando aspectos penales", dijo en radio Vorterix.

Capitanich cuestionó que las corporaciones y los grupos concentrados critiquen la regulación del Estado cuando sienten afectados "sus intereses", y de no reaccionar cuando lo que se busca es "defender los intereses de los más débiles". Consideró además que existen "posiciones minimalistas" sobre cuál debe ser el rol del Estado respecto de la economía y advirtió que "hay muchos que lo único que hacen es aborrecer la función regulatoria del Estado desde el punto de vista económico".

Las comisiones y sus titulares son: Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes (FpV); Derechos y Garantías, Luis Petcoff Naidenoff (UCR); de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV); de Industria y Comercio, Eugenio "Nito" Artaza; y de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández (FpV).

El debate se inició caldeado ya que la oposición planteaba que era el  senador radical Luis Naidenoff, titular de la comisión de Derechos y Garantías, quien debía presidir el plenario y no Marcelo Fuentes, que conduce la comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto enviado hace dos semanas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Senado impulsa la "creación de mecanismos legales para que estén a disposición de los consumidores y usuarios para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo", tal como establecen los fundamentos de la Ley de Abastecimiento.

Las modificaciones enviadas por el Ejecutivo ya cuentan con el apoyo de  las centrales sindicales, de las asociaciones de consumidores y, con algunos recelos, de las cámaras empresarias de la pequeña y mediana empresa. Algunos empresarios, en especial los grupos concentrados, ya  mostraron su férreo rechazo.

Las críticas de las grandes cámaras empresarias se concentraron en aspectos generales de la Ley 26.680 (conocida como ley de abastecimiento) que, en su mayoría, ya se encuentran vigentes, y no en las modificaciones que se proponen para actualizar la misma.