“El espíritu de este proyecto está en el artículo que es el 91, que permite discriminar a los trabajadores por razones de sexo, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, caracteres físicos o discapacidad", dijo Ciampa. Y sintetizó: “Lo que habilita este proyecto es que invocando estas causas los trabajadores puedan despedir”. 

El abogado laboralista explicó que por eso la ley es inconstitucional. Pero no solo, sino que además le traerá a los empleados más problemas que beneficios.

Ciampa advirtió que los empleadores, además de aportar al fondo indemnizatorio, no estarán exentos de recibir juicios en casos de despidos. 

Entrevistado en A24, el letrado señaló que la Ley “crea la figura de un autónomo que podría contratar pero en negro, sin reconocer la relación de dependencia. Es una ley en fraude”

“Tendríamos que tirar los libros que aprendimos en abogacía y tirarlos a la basura”, cuestionó Facundo Pastor. “O trabajar para que este proyecto no salga”, remató.