“Que mi hermano haya blanqueado es un derecho que le dio la ley y lo hizo de acuerdo a la ley”, sostuvo Mauricio en relación a su hermano Gianfranco, pero omitiendo al mismo tiempo su responsabilidad al firmar el decreto que posibilitó dicha maniobra. La victoria en las elecciones legislativas incluso le posibilitará al mandatario conseguir los acuerdos necesarios, y evitar que el Congreso cumpla con el compromiso de no permitir una flagrante trampa institucional en manos de un especialista en la evasión impositiva.

Fue el periodista Horacio Verbitsky quien publicó en Página 12 la revelación del blanqueo de 132 millones de dólares por parte de un hermano del Presidente junto con otros familiares de altos funcionarios del Gobierno. Fue la primera vez que Macri reconoció la veracidad de la información.

"Un hermano de Macrì, un primo de Peña Braun, el hermano de la vida Nicky Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar, Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas blanquearon 132 millones de dólares. Gianfranco Macrì blanqueó cinco veces más de lo que declaró Mauricio. El fiscal investiga la omisión maliciosa en la declaración jurada presidencial. La burda respuesta de un mercenario a la investigación sobre los bienes presidenciales", resume un tramo de la denuncia periodística que se incluye en una causa que intenta dilucidar si el Jefe de Estado incurrió en el delito de omisión maliciosa.

En mayo de 2016, el Congreso aprobó la ley de blanqueo de capitales cuya letra prohíbe la inclusión de esa medida a los familiares de quienes hayan sido presidente y vice, gobernador y vice, jefe de gobierno y vice, intendentes o personal de organismos de inteligencia del 1° de enero de 2010 a la actualidad.

Sin embargo, el Gobierno dictó el decreto para esquivar esa prohibición que había remarcado la norma del Congreso "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que sus parientes ingresaron a la función pública.

Entonces el diputado Felipe Solá había presentado un amparo pidiendo la inconstitucionalidad del decreto por entender que viola una ley nacional, de jerarquía superior a un decreto, y el principio de la división de poderes. Pero la jueza María Biotti descartó el reclamo rechazando al denunciante pero sin pronunciarse sobre el contenido de la denuncia: "Mo se advierte la existencia de caso o causa judicial - en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional- por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad", dijo la magistrada en su fallo.