El lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 635/17, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña, del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y de Andrés Ibarra, ministro de Modernización. La norma ordena crear la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP).

Básicamente, se trata de recabar todos los datos referidos a cada uno de los 740.000 empleados públicos de la administración nacional, desde datos familiares, puesto, salario, afiliación gremial y “compromiso con el trabajo”, según se indica.

Entre los considerandos del decreto aparece que “la modernización del Estado, requiere el diseño y puesta en funcionamiento de planes de recolección de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa y formulación de políticas de recursos humanos aplicables a toda la organización de manera homogénea”.

La dependencia que no brinde la información en tiempo y forma será castigada, tanto con que no podrá contratar nuevo personal ni recibir partidas presupuestarias, hasta frenando el pago de salarios a los trabajadores que dependen de ella.

De acuerdo al sistema que ejecutará el Ministerio de Modernización (especie de gerencia de recursos humanos a nivel nacional), los ministerios serán los encargados de facilitar la información en un lapso máximo de tres meses a partir de la publicación del decreto.

Este decreto del PEN trajo a la memoria de muchos empleados públicos las medidas adoptadas por el menemismo, a través del entonces ministro Domingo Felipe Cavallo, para llevar adelante los que se llamaron “reforma y modernización del Estado”.

Quien tenga edad para recordarlas, sabrá que constaron de dos ejes principales: la privatización de los servicios y empresas públicas y, para el caso, el despido masivo de decenas de miles de trabajadores estatales.

De hecho, la noticia de la medida corre como reguero de pólvora en los pasillos de las dependencias oficiales, encendiendo la alarma de los trabajadores que ven un anticipo de próximos ajustes en la administración pública; es decir, de una ola de despidos a gran escala.