Existe una preocupación generalizada por el avance del narcotráfico en territorio argentino. Eso ya lo sabemos. Lo insólito es que desde el poder político se intente criminalizar a las organizaciones sociales que vienen denunciando –desde hace años- la instalación de bandas delictivas que comercializan estupefacientes en los barrios más carenciados, con la complicidad policial.

Esto fue lo que ocurrió la semana pasada en el municipio de Florencia Varela donde, luego de una campaña artera consistente en la pegatina de carteles sin firma en los que se acusaba al Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, de instigar tomas de tierra, el intendente Julio Pereyra denunció penalmente a su director –José Luis Calegari- por sus vinculaciones con el narcotráfico.

Completó el círculo un artículo publicado en el diario La Nación donde se detallaban párrafos completos de la denuncia presentada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones por el jefe comunal varelense.

Quienes conocemos hace años a Calegari, sabemos que nada más alejado de la realidad que el contenido macartista de esta denuncia absolutamente infundada. Hombre vinculado al queridísimo Monseñor Novak, del Obispado de Quilmes, Calegari es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, del Comité contra la tortura en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires y es uno de los fundadores de este Centro con altísima inserción territorial y legitimidad entre la población más necesitada y las instituciones locales desde hace más de dos décadas.

Uno de los aspectos más destacados de su accionar es la permanente denuncia de la violencia policial y las redes de ilegalidad y criminalización de los referentes sociales que se desatan sobre estas comunidades. Una violencia que precisamente está ligada a los mercados ilegales de tierras y de drogas, manejados por organizaciones delictivas muy conectadas con el poder político y protegidas por las fuerzas de seguridad.

La falta de vivienda es un tema acuciante en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Varela no es la excepción. Solo en este municipio, gobernado desde hace 22 años por Pereyra, unas cuarenta mil familias tienen problemas para conseguir espacio donde instalar su hogar.

El año pasado ocurrió un hecho muy grave cuando asaltaron la sede del Centro Angelelli y dos compañeras fueron tomadas como rehenes, algo que fue interpretado como un claro mensaje intimidatorio. Por eso muchos de sus integrantes marcharon en repudio por el ataque al municipio, que los denunció judicialmente por perturbar el orden público.

Ya desde 2011 Calegari viene denunciando las actividades de “bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras, con protección policial”.

Más allá de la existencia innegable de punteros políticos que pretenden hacer negocio con las carencias de la gente, la mayor parte de las familias que se exponen a tomar un terreno para instalar una casilla, lo hace por extrema necesidad. Ante la falta de respuesta del Estado que no facilita el acceso a la vivienda, la toma termina siendo el único modo en el que los sectores más pobres pueden acceder al suelo.

Desde hace dos décadas, el Centro Angelelli acompaña el reclamo de miles de familias, los ayuda a regularizar las ocupaciones y gestionar la aplicación de políticas públicas. Es insólito y, a la vez, repudiable que quienes deberían suministrar soluciones para estos graves problemas que padece la comunidad, terminen criminalizando a los que procuran contener la angustia y la bronca de los marginados, aportándoles una solución que, aunque precaria, es mucho más digna y eficaz que mandar a la policía para que los reprima.

Los verdaderos narcos son los que hacen negocios con la pobreza, arruinándole la vida a los pibes que no tienen horizonte. Y esos están mucho más cerca de los despachos comunales que los pobres a los que el Centro Angelelli ayuda a salir de la indignidad a la que el poder los somete.