En declaraciones con el programa de Radio Nacional Rock conducido por Daniel Tognetti, Territorio Comanche, Gonzalo Ciadone, abogado querellante en una de las 10 acusaciones que tiene en su contra el Juez Claudio Bonadío, aseguró que el magistrado "no dio la posibilidad de que hubiera debate, no sólo sobreseyó prematuramente la causa, si no que la hizo prescribir", en la investigación por una infección masiva de VIH y Hepatitis C en pacientes hemofílicos.

Ciadone acudió al programa radial acompañado de uno de los infectados, que dio su testimonio en la causa, y que se presentó como Carlos V., de 51 años, hemofílico infectado de VIH.

La hemofilia es un problema de nacimiento en la sangre que debe ser tratado con inyecciones de plasma. En 1987, Carlos se enteró que se contagió a través de uno de los concentrados que debió inyectarse.

Los imputados en la causa son los doctores Miguel de Tizanos Pinto, Raul Perez Bianco, Eduardo Díaz y Eduardo Viedma, acusados de Haber suministrado y aplicado a sabiendas concentrados contaminados con HIV y Hepatitis C.

Según Ciadone, "hay cada vez menos personas como Carlos porque la mayoría de los hemofílicos con HIV han fallecido. La estadística oficial, que es manejada por los imputados, dice que hubieron sólo 211 hemofílicos contagiados con SIDA, y más de 800 con hepatitis C. Lamentablemente fueron muchos más, no se puede poner un número porque muchos fallecieron sin haberse enterado que estaban contagiados".

"En 1981 ya se sabía cómo era el SIDA y los medios de transmisión. El 14 de enero de 1983 La Fundación Nacional de la Hemofilia de Estados Unidos, en Nueva York, emite una serie de recomendaciones a las filiales miembros, entre las que estaba Argentina, en las cuales recomendaba no aplicar esos concentrados a los hemofílicos recién nacidos, a los vírgenes de tratamientos y a los casos leves o moderados.

Esta recomendación que fue dirigida a todos los médicos de las filiales de las fundaciones de la hemofilia" relató el abogado.

En cuanto a los imputados, afirmó que "ellos no cumplieron con la recomendación porque estos concentrados se siguieron aplicando hasta fines de 1986, principios de 1987, cuando ya existía los concentrados seguros".

En ese sentido, aseguro: "Nosotros creemos que hubo un ánimo de lucro porque los concentrados importados costaban muchísimo y eran donados por la federación Mundial de la Hemofilia o por los laboratorios. Fue todo un negociado".

"El problema más grave en Argentina fue el de la información. Se empezó a notificar a la población hemofílica en 1987 cuando apareció una chica contagiada por su novio, que no sabía que era portador. A partir de ahí la Academia Nacional de Medicina empezó a mandar cartas documento a los hemofílicos para decirles que se vayan a controlar. En cuatro años no hicieron nada", aseguró Ciadone.

La querella que empezó en 2005 está integrada por 3 hemofílicos y familiares de algunos fallecidos y comenzó en un juzgado que se declaró incompetente, 3 meses después recayó sobre Bonadío, "cuya actitud fue demoler la causa y hacerla prescribir", afirma el querellante.

Contando en específico cómo fue el tratamiento de la causa, el letrado relató: "Recién en julio de 2009 decidió tomar declaración indagatoria a dos de los cuatro imputados. Ese transcurrir del tiempo fue fundamental para que prescribiera la causa".

"Cuando la Cámara Federal revocó esos sobreseimientos y le pedía medidas para que la causa se profundizase, volvía a dictar sobreseimiento. Dictó tres en total. El tercero fue por prescripción de la acción penal, pero fue en 2012. Fue apelado y confirmado parcialmente, por lo que la causa está en la Cámara de Casación Penal", siguió.

Ciardone aseguró que "Bonadío consideró que los hemofílicos se habían contagiado de HIV en 1984 y los de Hepatiti C en 1991, por lo que dijo que la causa había prescripto". "Su actitud fue dilatoria y negligente, de mal desempeño, por eso se le hizo la denuncia en el Consejo de la Magistratura en el 2011".

En ese sentido afirmó que "en la causa todavía no se llegó a juicio oral. La maniobra de Bonadío fue dilatar para que no se llegue a debate, chicanear. Tardó 3 años en llamar a indagatoria".

Para Ciardone, el magistrado "protegió intereses corporativos de la industria farmacéutica, de los laboratorios, de las clínicas involucradas y de los imputados. Si no es incomprensible, una falta total de sensibilidad".

Por último, el abogado aseguró: " Este fue un hecho muy grave que entendemos que no prescribió porque los imputados al ser directivos de la Academia Nacional de Medicina y haber sido nombrados por decreto presidencial siguen siendo funcionarios públicos. Además porque consideramos que es un crimen de lesa humanidad por la comisión indiscriminada y masiva que tuvieron estos hechos. Estos delitos no pueden prescribir y debe seguir la investigación".