Siguen las implicancias para el gobierno de Mauricio Macri por el escándalo de corrupción Odebrecht. 

Por pedido del fiscal federal Franco Picardi,  fue solicitado un embargo millonario contra Ángelo Calcaterra, exdueño de IECSA socia local para el soterramiento del Sarmiento.

Picardi pidió embargar en $ 54.350.000 y por $4.350.000 al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López (ambos detenidos por otras causas) y al supuesto intermediario informal con el Ministerio de Planificación Federal, Jorge "Corcho" Rodríguez, junto a los directivos de Odebrecht.

Cuenta Gabirle Morini en Ámbito Financiero, que la investigación que falló en un primer objetivo de unificarse, apunta a determinar si existió pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella, y Comsa para acceder (de manera "direccionada") a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. La recomendación cuenta con el aval de la Cámara Federal que sugirió este tipo de medidas de orden patrimonial. El pedido de Picardi impacta en las personas jurídicas, lo que le trae un dolor de cabeza a Sacde, el nombre que adoptó IECSA tras la compra realizada por Marcelo Mindlin de la empresa cuyo titular era Calcaterra. Al nuevo accionista el embargo le supone $10 millones, mientras que al controlante, Latifer, que se presupone que tiene por detrás a Calcaterra, unos $50 millones.