Los vecinos del barrio porteño de Villa Soldati están conmocionados por la muerte del joven de 17 años que cayó de un complejo ubicado en Mariano Acosta y Rodrigo de Triana.

La tragedia se desató cuando tres adolescentes (otros dos chicos de 15 y 14 años) cayeron desde un sexto piso porque cedió la baranda de una escalera interna del complejo y los chicos cayeron casi 24 metros.

Tal como afirman los vecinos, la edificación debía ser controlada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Incluso, informaron que el edificio fue visitado por personal del IVC pero no se hicieron las reparaciones correspondientes.

Este sábado, el diario Página 12 informó que una de las mujeres que vive en esos monoblocks, María Eugenia Andicoechea, "hizo una demanda en el año 2009 para exigir el cumplimiento de la ley 623, que obliga al gobierno porteño a resolver las fallas estructurales y vicios de construcción de estas viviendas sociales. El objetivo era proteger a los niños de enfermedades y de accidentes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda nunca cumplieron los fallos de primera instancia (de 2011) y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de 2014) que les ordenó concretar trabajos específicos con indicaciones precisas para el edificio donde murió Cristian, de 17 años.

Ayer la jueza Patricia López Vergara los intimó, con un plazo de dos días, a que expliquen sus incumplimientos y su relación con la tragedia".

Además, el matutino detalla que el complejo de viviendas de Soldati está compuesto por doce “nudos” con edificios de distintas características y alturas, que contienen 3200 departamentos, construidos en la década del setenta.  El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el IVC son los responsable de su mantenimiento.

El estado crítico de estas viviendas es historia vieja y determinó sucesivas alertas. En 2001, la ley 623 declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional.

Cuando les tocó responder ante el juzgado primero y ante la Cámara después, el Gobierno porteño y el IVC esgrimieron argumentos técnicos para desentenderse de la responsabilidad que les tocaba y dijeron que habían hecho algunos trabajos.

Sin embargo, lo repudiable surge cuando en un tramo incluyeron una explicación sorprendente: que la culpa de los problemas de infraestructura y edilicios en el complejo lo tienen los propios vecinos, ya que cuando firmaron el boleto de compraventa de las viviendas se comprometieron a “realizar el mantenimiento de la unidad funcional, el buen uso de la misma y a abonar las expensas”.