Otra victoria para el pueblo: los comedores comunitarios recibirán las provisiones retenidas por el Gobierno
Una nueva victoria para la oposición: el juez Sebastián Casanello dictaminó que debe elaborarse un plan para repartir 5.000 toneladas de alimentos. Los alimentos se entregarán escoltados por el ejército en los comedores comunitarios. Sin embargo, el gobierno de Milei intentó obstruir a la justicia.
Pedido popular representado por la Justicia Federal
El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al ministerio de Capital Humano que informara, en un plazo de 72 horas, el detalle del stock actual de alimentos almacenados en sus depósitos y, en atención a su fecha de vencimiento y tipo, elaborara de inmediato un plan de distribución. Para que esta sentencia tenga efecto, el juez Casanello le ordenó a la Oficina Anticorrupción de la Policía Federal Argentina que notifique al Ministerio de Capital Humano.
Esta declaración se hizo a petición del dirigente social Juan Grabois. En su defensa, el secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre respondió que la comida no se suministraba a los comedores porque se almacenaba para “casos de emergencia”.
En un discurso público, Grabois criticó a la ministro: “La comida está en perfecto estado, no está vencida y no se está pudriendo. Se utilizan en casos de emergencia. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días que asistir. Dicen que está guardada para catástrofes… supongamos que les creyéramos. ¿acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficientemente para entregar los alimentos? ¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes? Nos están tomando el pelo”.
Asimismo, señaló que el Gobierno de Milei no consigue ocultar en modo alguno el crecimiento de la pobreza: “Ni con millones de difamaciones pueden tapar los 5.8 millones de pobres más que hay desde que iniciaron el gobierno, ni con millones de ensobrados pueden tapar los 2.5 millones más de indigentes mientras subejecutan”.
El crecimiento de la pobreza es confirmada por el propio juez Casanello: “De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof tampoco se quedó al margen y condenó al gobierno libertario: “El nacional que tiene toneladas de alimentos sin distribuir, desertó de sus obligaciones”. El Estado tiene el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, los funcionarios del Estado nacional piensan lo contrario.
Un rayo de sol entre las nubes
El vocero presidencial Manuel Adorni comentó el veredicto de Sebastián Casanello: “Vamos a recurrir la decisión porque no es prerrogativa del tribunal, sino una cuestión de política del Estado. La justicia no puede interferir en la política pública”. El gobierno recurrió.
Los habitantes de Misiones protestan, los salarios han caído a mínimos históricos, la pobreza va en aumento, y los funcionarios de este gobierno, en un contexto de hambre y revuelta, están haciendo todo lo posible para callar la boca a los defensores de la igualdad social. Con este fin, el gobierno planea utilizar mecanismos legislativos para prohibir manifestaciones, huelgas y otras formas de expresión cívica. También está impugnando judicialmente las decisiones de los tribunales. Sin embargo, los argentinos siguen luchando por sus derechos. Y esta persistencia está dando sus frutos.
Tras una investigación administrativa, el Ministerio de Capital Humano anunció que entregaría alimentos almacenados a los comedores públicos con la ayuda del ejército.
Encontraron un chivo expiatorio
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello despidió al secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre, encargado de controlar los stocks e informar sobre las fechas de caducidad de los alimentos. Le acusó de “mal desempeño de sus funciones”.
Recordemos que los alimentos se almacenaban durante seis meses en los depósitos de Villa Martelli en provincia de Buenos Aires, y Tafí del Valle en provincia de Tucumán por decreto del gobierno de Milei. Lo principal en las investigaciones es no delatarse a sí mismos.
Así concluyó otra historia de victoria popular sobre los dirigentes del país. Tal resistencia y voluntad de luchar por los principios de la democracia demuestran que aún existe un fuerte espíritu cívico y un deseo de cambio a mejor en Argentina.
Mientras tanto, el índice de aprobación del presidente está cayendo. Según Zuban Córdoba y Asociados, en el último mes el índice de aprobación del Gobierno se sitúa en el 46,6%, frente al 53,2% de insatisfacción.