Víctima de una golpiza propinada por su padrastro, hace un mes falleció Agustín, un chico de apenas cinco años de edad, que asistía a la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires.

El estupor y la indignación que una tragedia así nos genera a todos, pudo haber sido sosegada por una intervención prudente del gobierno porteño, poniendo a disposición equipos especializados y recursos para contener a los compañeros de Agustín (lógicamente, también afectados por su fallecimiento), y también para acompañar a los docentes y a las autoridades de la escuela en el abordaje de una situación tan triste como difícil. Pero por el contrario, el PRO prefirió adoptar la arbitraria decisión de separar de sus cargos a la maestra y a la directora de la escuela porque supuestamente no habían cumplido con los protocolos ni habían hecho intervenir a las autoridades pertinentes, lo cual no hizo más que atizar la angustia previa.

Lo cierto es que la docente poco pudo hacer para evitar esta tragedia. En efecto, en  las tres ocasiones en que Agustín fue a la escuela con lesiones en su cuerpo, la madre del chico firmó las actas correspondientes ocultando que estas lesiones se debían a situaciones de violencia intrafamiliar. Y en uno de estos casos, cuando el chico perdió dos dientes por una golpiza, la familia presentó en la escuela un certificado médico que sostenía que esto había sido causado por una caída en la bañadera.

Frente a estos hechos, el macrismo optó por encontrar un chivo expiatorio y, con él, una herramienta ocasional para golpear a la escuela pública y estigmatizar a los docentes que allí se desempeñan, culpabilizándolos por una muerte que les habría sido imposible impedir.

Esta lamentable decisión no sólo castiga a quienes debería proteger, sino que también pone de manifiesto la diferencia de criterios y la doble vara con la que el PRO interviene en este tipo de situaciones. Por caso, su líder político, Jefe de Gobierno de la Ciudad y precandidato a Presidente de la Nación, está procesado por escuchas ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público (decisión que fue recién ratificada por la Cámara Federal porteña); sin embargo, sigue ejerciendo sus funciones sin apartarse del cargo. A su vez, tras la muerte de dos chicos por el incendio de un taller clandestino en la calle Páez del barrio de Flores (que  evidenció claramente la falta de controles del Gobierno de la Ciudad sobre este tipo de irregularidades), el Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el titular de la Agencia Gubernamental de Control, José Gómez Centurión, no sólo se mantienen en sus cargos sino que incluso fueron dispensados de dar explicaciones en la Legislatura porteña por el bloque oficialista.

Hubiéramos esperado un abordaje responsable por parte del Gobierno de la Ciudad, tras un hecho tan lamentable como el de la muerte de un chico de cinco años por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la brutalidad de los funcionarios del PRO y su llamativa doble vara para intervenir en situaciones de esta naturaleza sólo ha logrado agregar más dolor a una situación ya trágica.