En sólo 146 días en su cargo de presidente, Javier Gerardo Milei, produjo un ajuste de al menos un 40% del gasto público, una devaluación del 118% e inflación de más de un 70%. A pesar de que estos incrementos tienen que ver con decisiones tomadas por el gobierno nacional, existe un fuerte mensaje en su discurso que busca culpabilizar por los desequilibrios fiscales a las prestaciones asociadas al cuidado y bienestar social, a gobernadores e intendentes.

Las tareas de cuidado son un trabajo que no recibe una remuneración económica, pero que son fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Implican tiempo, desgaste de energía, y generan valor aunque no son consideradas “productivas”.  En palabras de la periodista Silvia Federici, hay que tener en cuenta que “tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas”.

En Argentina existen políticas que apoyan estas tareas como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar. En el último tiempo, éstas sufrieron recortes que generaron un impacto negativo fuerte junto a la inflación. Por otra parte, el reparto de los Kits de Lactancia y la asistencia a los comedores que se encargan de alimentar a miles de personas todos los días, fueron directamente suspendidos.

El efecto licuadora de Milei también alcanzó las jubilaciones. La aplicación de la nueva movilidad, sumada a la falta de relación entre la inflación y los escasos aumentos en los cobros, generaron una pérdida de poder adquisitivo muy grande, pero no termina ahí. La media sanción de la Ley Bases en Diputados, anticipa la eliminación de la moratoria provisional que retrasará cinco años el retiro laboral de 9 de cada 10 mujeres y solo podrán hacerlo recibiendo un 80% de la jubilación mínima.

La ofensiva contra las condiciones de vida que aplica el gobierno de La Libertad Avanza profundiza la desigualdad:  las mujeres están más expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social, vacaciones, ni licencias por enfermedad.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, actualmente el 70% de ellas no están empleadas formalmente. Además, el gobierno nacional suspendió el Programa Registradas que fue creado para promover el acceso y la permanencia del empleo, garantizar sus derechos, su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género. Tampoco son multados los empleadores que deciden no registrarlas. La informalidad en este ámbito se traduce a la falta de aportes que, con la Ley Bases en funcionamiento, sólo puede implicar más motosierra y dependencia económica.

En este contexto de suspensión de programas sociales, resulta llamativo que existan subsidios impositivos millonarios del Estado argentino hacia empresas como Mercado Libre. El CEO Marcos Galperín es simpatizante y defensor de las medidas de Milei. Su empresa recibe más de 100 millones de dólares anuales en exenciones de impuestos.

Una situación similar, con pérdida de derechos y desatención a los desplazados por el sistema, solo se vivió en épocas donde el neoliberalismo imperó en la matriz político y económica del país, como en la última dictadura cívico militar. En este sentido, Milei desprecia sistemáticamente la labor del Estado como regulador de la vida social, promotor de la igualdad de oportunidades y de la inclusión social, pareciéndose cada vez más en su doctrina económica al dictador Jorge Rafael Videla.