El colectivo cultural argentino vive un momento de creciente desconcierto y preocupación. Si bien ya desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015 se visibiliza el inicio de un proceso de vaciamiento y transformación de las estructuras del Ministerio de Cultura de la Nación y los entes vinculados al área, y el deterioro de las condiciones de los trabajadores de la cultura y los colectivos artísticos, en los últimos meses el vaciamiento y la desjerarquización de la cultura se ha agudizado a punto tal que ya se habla de Emergencia Cultural. Dicho proceso coincide con la profundización de los indicadores de vulnerabilidad económica: el mayor déficit comercial de la historia reciente, la imparable fuga de divisas, el bajo ingreso de dólares por inversión extranjera, el reducido crecimiento de las exportaciones, y la devaluación del peso, entre otras alarmantes cifras.

A días de conocerse la vuelta del financiamiento del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, los ministros comenzaron a poner en marcha el plan de ajuste que pidió Macri. Nuevamente en gobiernos de corte neoliberal prevalece la mirada meramente administrativa y técnica de la gestión política, que se jacta de considerar la reducción del gasto público como la única solución posible a los problemas económico. Sin embargo, en última instancia, como dice Chantal Mouffe, lo político se trata de tomar una postura en detrimento de otras y optar entre “alternativas en conflicto”. Las cosas siempre pueden ser de otra manera.

En lo que respecta al Ministerio de Cultura de la Nación el presupuesto 2018 implicó una reducción del 30% con respecto al año anterior. A esto se suma que hasta el momento Pablo Avelluto ha ejecutado solamente el 27 por ciento del total, lo que se traduce en una virtual parálisis del Ministerio y el recorte de programas y secretarias. Ya a fines de 2017 en un contexto de cesantías en todo el Estado, habían sido despedidos 64 trabajadores de la cartera, muchos integrantes de áreas estratégicas dirigidas a sectores sociales vulnerables.

Daniel Mapelli, delegado de la Junta Administrativa del Ministerio de Cultura de la Nación, denunció la profundización del vaciamiento a partir del acuerdo con el FMI, por lo que “el recorte va a ser mucho más duro y va a tener muchas consecuencias en relación al empleo público”.  Asimismo, detalló que se ha reducido la cantidad de trabajo y el reparto de las tareas a un nivel mínimo. “Las autoridades están empleando estrategias de fragmentación social de empresas privadas como aislar a compañeros o moobing para mantenerlos ocupado”.

Entre los programas afectados se destacan:  “Que nadie quede afuera”, que funciona desde 2004 en distintas localidades del interior del país, con el propósito de facilitar a personas con necesidades especiales el acceso a la cultura y a la práctica cultura; la Red de Puntos de Cultura, que subsidia y capacita organizaciones culturales de base; las Orquestas Infantiles y Juveniles de todo el país; y el programa Opera y Danza, que funcionaba desde 2010 en el área académica de la Dirección de Elencos Estables.

Además, fueron despedidos trabajadores de áreas fundamentales del Ministerio como el equipo de arquitectos de la Dirección de Infraestructura, que pone en peligro el mantenimiento y la restauración de edificios históricos y Museos Nacionales. Desde ATE denunciaron que corren peligro varios espacios como los museos Mitre, el Traje y Sarmiento, que debieron mover sus colecciones y cerrar salas por peligro de derrumbe; y la imprenta histórica, que lleva unos 115 años en el edificio que fue sede de la Biblioteca Nacional.

El viernes 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, desde la “Asamblea De Trabajadorxs De Museos Nacionales” encabezaron una jornada de protesta por las precariedades edilicias, contractuales y salariales que atraviesan los Museos y sus trabajadores. Ante la falta de respuesta de las autoridades ministeriales presentaron un pliego al Secretario de Patrimonio Cultural Marcelo Panozzo donde detallan que los trabajadores se encuentran precarizados y perciben sueldos insuficientes e incompatible con la responsabilidad que tienen, y solicitan a “las autoridades del Ministerio de Cultura conformar una mesa de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Patrimonio Cultural que permita avanzar con la resolución de todas las demandas presentadas”. Manuel Cullen, delegado general de Ate Cultura, sostiene que “está costando mantener el funcionamiento básico de los museos y eso repercute en el deterioro de los edificios que guardan el patrimonio histórico de los argentinos”.

El plan de lucha continuará esta semana en tanto se acerca la apertura de la negociación paritaria. Desde el Ministerio la agenda incluye una olla popular en el corazón de Recoleta bajo el reclamo por un aumento de emergencia para contratados, un aumento de plus salarial, y además manifestarse en contra de la paritaria del 15%. "Es calentar los motores porque creemos que el acuerdo con el FMI nos lleva a los trabajadores estatales aun pasado que conocemos bien que significa retiros voluntarios, recorte de salarios, y no queremos volver”, dice un comunicado oficial. Lo que queda claro es que no se trata de una reasignación presupuestaria para destinar más recursos a otro sector, por ejemplo a producciones y megaeventos, sino un recorte en el marco de ajustes generalizados.

En este contexto de fragilidad de las estructuras de financiamiento de las políticas culturales se visibiliza una paradoja discursiva de la Gestión de Cambiemos. Si bien en la puesta en escena sostienen el rol central de las industrias creativas en el desarrollo económico, engrandecen la figura del emprendedor cultural y depositan en la cultura un potencial de transformación social y crecimiento, al mismo tiempo reducen el presupuesto correspondiente al área en todos los ámbitos y, después de una década de crecimiento  sostenido, han creado un escenario complejo que muestra la caída de todos los indicadores de actividad, respecto a los agentes de la cultura (público, ventas, facturación o empleo). Las estadísticas presentadas recientemente en el Informe sobre la Encuesta Nacional de Consumos Culturales del Sistema de Información Cultural de la Argentina son contundentes[i].

La historia reciente de nuestro país y el análisis político, desde la perspectiva de los estudios culturales, permiten concluir que ante la reducción del presupuesto para políticas culturales se producirá la vulneración de los derechos sociales y culturales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución Nacional; el ensanchamiento de la brecha en el acceso a los consumos culturales; una reducción de la actividad cultural en todos los sectores y especialmente en aquellos más dependientes del apoyo estatal; el quiebre del tejido cultural, desde los productores hasta los ciudadanos consumidores; el deterioro de las condiciones de producción cultural de los sectores independientes; y el favorecimiento de las iniciativas privadas comerciales sin riesgo cultural (festivales, espectáculos y megaeventos) que promueven un consumo cultural pasivo.

El auspicio de prácticas que exigen la posesión de cierto capital cultural para participar terminan incentivando un proceso de concentración y elitización de la cultura. Al levantarse barreras simbólicas se favorece la participación de quienes, como explica Bourdieu, “provistos de la facultad de apropiarse de las obras, tienen el privilegio de utilizar esta libertad y se encuentran de ese modo legitimados en su privilegio, es decir, en la propiedad de los medios de apropiación de los bienes culturales...”.