Cuando los pies nos quedan al descubierto y se pone en evidencia que la frazada es más corta de lo que se suponía, comienza la etapa de los reproches mutuos y de la disputa para ver quien aporta lo que falta. Hoy se levantan las voces de quienes defienden sus espacios de gestión. Cada uno de los gobernadores e intendentes argumentan las razones por las cuales no es a su distrito al que le toca hacer el esfuerzo. 

No había dudas, quizás no para todos, pero seguro que para muchos, que esta coyuntura llegaría, solo restaba saber el cuando. El momento es ahora y aparecieron los tironeos entre el gobierno nacional y los gobernadores e intendentes. En esa disputa hay dos excepciones, la ciudad y provincia de Buenos Aires. Ambas se corrieron evitándose el desgaste de la pelea. La primera lectura nos conduce a justificarlo desde la pertenencia y afinidad política. Naturalmente que algo de eso hay, pero no es lo fundamental. Cuando el amarillo teñía con su alegría a los diferentes sectores, el presidente Macri aprovechando el silencio complaciente, cuando no cómplice, mediante Decreto Nº 194/16, de manera inconstitucional dispuso que a partir del 1º de enero del 2016 el porcentaje de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires pasara del 1,4% al 3,75%. En valores presupuestarios del mencionado año le significó un extra de $16.747 millones, de $9.977M saltó a $27.724M. Llevándolo a términos comparativos para dar una idea de su impacto, el incremento en aquel momento equivalió a un 25% de lo presupuestado en concepto de impuestos a los inmuebles y a los  automotores sumados. Obviamente que quien se benefició en más, lo hizo en desmedro del resto de las provincias que se perjudicaron con menos.  Después le tocó a Vidal, que con la amenaza de un reclamo ante la Corte y para que "la sangre no llegara al río", se llevó para la provincia de Buenos Aires $40.000 millones para este año y $65.000 millones para el que viene. A esta altura a la Capital Federal ya le habían transferido con los recursos presupuestario la Policial Federal. Es decir, las provincias pagamos nuestras propias fuerzas de seguridad y además le pagamos la policía a los porteños. No haber puesto en superficie esta situación, con la contundencia y claridad que en el debido momento correspondía, permite a Rodriguez Larreta y a Vidal mostrar como mérito de sus gestiones, lo que en realidad es fruto de un costoso regalo que de manera prepotente el gobierno nacional nos hace pagar a todos los argentinos. 

*Diputado Nacional (Mandato Cumplido)