Mientras Cavallo sigue dando consejos y recomendando economistas, aspiramos seguir recordando, cuestiones que no debemos olvidar. Hoy acerca de la privatización del sistema jubilatorio que generó poca cobertura, mala seguridad social en la jubilación y valores mínimos de pensiones en promedio. Toda la sociedad en poco tiempo, producto del desfinanciamiento[1], pagó ese enorme costo, el que ganó, o ciertamente se vio beneficiado fue el sector financiero, que elevó sus ingresos en Argentina, mientras provocó una enorme pérdida para la sociedad. A modo de mención, luego para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad, fue necesario crear un sostén público, con un componente de redistribución importante que instaló un elemento de moderación intergeneracional que evitó relativamente la pobreza de jubilados y pensionados. Por último es necesario destacar que  el sistema de AFJP tenía altísimos costos de transacción, y en 2001 había invertido en papeles del estado, que a la postre embaucó a los beneficiarios con una exótica cantidad de instrumentos que incumplió en el pago, viéndose  mermados los ahorros de los futuros jubilados por la restructuración de la deuda local (primer tramo: realizado por Cavallo en forma compulsiva en 2001), y luego la devaluación del peso. Esta narrativa del gasto publico extravagante que asfixiaba la actividad privada se interiorizó como certeza en la ciudadanía y debilitó las políticas de oposición de los tradicionales partidos progresistas. Hasta el punto, que ya en las elecciones de 1999, estaba el acuerdo de una continuidad-de seguir con la Convertibilidad-prometida por la Alianza, fue el FREPASO que optó por no enfrentarse al relato neoliberal, no se sabe si porque se compartía parcialmente con o desde la UCR o porque, estaban convencidos que era una batalla política que no podían ganar. Es que los tecnócratas insertaron una ficción en el ámbito político que fue decisivo en condicionar sus posiciones políticas, a través de la conciencia fabricando consensos, hasta el punto de manipular el Congreso para delegarle poderes extraordinarios a un ministro de economía[2].

Ser un país que no acata las recomendaciones del FMI y las “mejores prácticas del mercado”, tiene una serie de implicancias que afectan todas las esferas de garantías de derechos. En principio, el hecho de ser despojado del crédito internacional, del cual no puede prescindir totalmente ningún país políticamente organizado. De igual manera, implica la irrupción de la posesión intelectual, constituida por redes neoliberales, con una visión del mundo y de la vida muy lejanos a otros sistemas de interpretación de la realidad.

El resultado final o la situación emergente pos default y restructuración de la deuda, termino en país en condición de “desacato[3]”, como vimos recientemente en la Argentina, una disputa con los “holdouts” (tenedores de bonos que no aceptaron la restructuración de la deuda externa), pero más concretamente con una minoría denominada “voulture funds” (fondos buitres).

En conclusión, la Renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez produce una crisis institucional que traería aparejadas consecuencias impensables, incluido para el mismo Álvarez.

El comienzo del fin, corresponde a la renuncia del entonces Vicepresidente Carlos Álvarez, y el posterior desplazamiento acelerado de las políticas públicas en el contexto neoliberal. Dando cuenta además de la visión holística sobre el desplazamiento y aceleración del predominio neoliberal, teniendo en cuenta los lugares de donde provinieron los discursos. Así, se estructuró una gama de medidas que profundizaron la perspectiva temática, desde los centros de investigación que le dieron soporte al discurso que se manejaba desde las instituciones.

Desde la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, hasta la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, la implementación de medidas de ortodoxia fiscal y monetaria extremas, los cambios de 3 ministros de economía y la renuncia de 5 ministros del gabinete, dan cuenta de la magnitud y velocidad de los acontecimientos.

El Congreso otorgó facultades extraordinarias al ministro de economía, instrumentando los principales aspectos de las normativas, leyes y las políticas públicas relacionadas con el otorgamiento de mayores poderes al ministro de economía y su equipo, el mismo incluyó la perspectiva del desplazamiento del poder, ya formalmente, planteado desde la política a nivel del Poder Legislativo, representado por el escenario acotado a las órdenes emanadas de los organismos multilaterales de crédito. Fue en ese escenario que la estructura local del gobierno, hizo énfasis en apurar las normativas locales, para responder a las exigencias de las instituciones que eventualmente otorgarían apoyo. Eso no sucedió, y requiere una revisión pendiente del juicio de la historia, ya que el FMI rehuyó en Octubre de 2001 su obligación de prestamista de última instancia.

Las medidas de políticas públicas, y la jaqueada gobernabilidad, condujeron más tarde al desenlace de la crisis, que da cuenta de la situación del desplazamiento absoluto del poder político al denominado “entorno neoliberal”.

Aunque un trimestre antes del estallido se daba un debate final sobre las Políticas a implementar entre los sectores ortodoxos, dentro del enfoque de diferentes puntos de vista ortodoxo-aquellos de orientación estrictamente monetaria, los ortodoxos en materia fiscal- y los heterodoxos; quienes debatían acerca de la conveniencia de mantener vigentes las Leyes 23.928 del 27 de Marzo de 1991 (de Convertibilidad) y la Ley 25.152 de 1999 (Convertibilidad Fiscal), Ley 25.466 de 2001 (de Intangibilidad de los Depósitos), se produjo la caída, que a esa altura lucia inexorable, por la fuga de los depósitos del sector privado, las reservas internacionales que completaban un panorama desolador[4]. Se ha tratado así de reconstruir e identificar los actores estatales involucrados en la crisis de 2001, a partir de los textos seleccionados, describiendo el rol que jugaron en la coyuntura los actores, y los líderes que luego fueron siendo desplazados del Poder Ejecutivo, y de los funcionarios que se encargaron del desarrollo de las políticas públicas respectivas, lo cuales permitieron plantear la relación de la norma, las leyes, las políticas públicas y la realidad cotidiana del fenómeno de desplazamiento del poder político a manos de una tecnocracia economicista, subordinada a los centros de poder internacional. A esta altura se podría derivar el surgimiento de una hipótesis que podría plantear, en qué medida, la cesión del poder político a la tecnocracia y/o las finanzas, ha tenido una incidencia decisiva en el devenir de la crisis argentina de 2001 al seguir  las recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y las “mejores prácticas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo más tarde con la sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), delegaron en funcionarios del ministerio de economía las decisiones políticas, y a su vez estos últimos, aceptaron la totalidad de las condicionalidades del FMI[5], incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de inversión, consultoras internacionales y locales. Una hipótesis secundaria podría inducir la profundización de la investigación, para determinar en qué medida existió un epifenómeno donde se podría apoyar la idea que los funcionarios argentinos del ministerio de economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron a recibir “plenos poderes” del Congreso-, no hicieron lo suficiente para preservar los intereses locales, ejerciendo los derechos soberanos de establecer las propias políticas públicas, que incluyeran aspectos económicos, sociales e internacionales, y si en ese caso no podría descartarse que sus decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas de la biósfera ideológica.

[1] Ver estadística descriptiva de caída de ingresos del sector público, como consecuencia de la desfinanciación previa, y el grado de vulnerabilidad en que los recursos genuinos fueron afectados, cuando el financiamiento externo se retiraba.

[2]     Carlos Gervasoni, Crisis política y crisis financiera en el Gobierno de la Alianza en la Argentina (1999-2001) Universidad Católica Argentina / Universidad Torcuato Di Tella / Universidad del CEMA. Visiting Resource Professor at LLILAS/UT-Austin. October, 2002, cuadro 5, Pag.26

[3] Orgaz, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p.120. Delito que se comete contra personas investidas de autoridad pública, cuando se las amenaza, desobedece o ataca. Siendo un hecho que, como figura delictiva, ha tenido clásica especificación algunos regímenes modernos de totalitarismo franco o encubierto, han extendido en manera desmedida y arbitraria la significación de este delito, como medio de transformarlo en un recurso político de intimidación, bajo apariencia jurídica.

Argentina, Juez Griesa declara desacato: http://eco-nomicas.com.ar/4615-se-apelo-la-figura-de-desacato-impuesta-por-griesa?upm_export=pdf

[4] Ver estadística descriptiva de la situación económica financiera al final del informe

[5] http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/conditios.pdf