La autoridad en materia electoral de Venezuela detectó que más de 600 mil rúbricas, del paquete de 1,8 millones que presentó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), "no cumplieron con los criterios requeridos".  

"Hemos venido a la Sala Constituciona para introducir una demanda con amparo cautelar para que se cuiden los derechos constitucionales de las venezolanas y venezolanos, para que no sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización a cumplir con la siguiente etapa", afirmó Jorge Rodríguez, el responsable designado por el Presidente Nicolás Maduro, de controlar el proceso que busca poner en marcha una consulta popular. , y cumplió.

El chavismo calificó la maniobra opositora como un "gigantesco fraude a la ley". Para que se autorice el referendo revocatorio, se necesitan el 20% de rúbricas del registro electoral, pero la maniobra contra el Presidente todavía no avanza en la fase de validación, según decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La oposición venezolana entregó el pasado 2 de mayo al ente electoral 1.850.000 firmas, de las cuales sólo 1,3 millones fueron admitidas, por lo que, 605.727 quedaron excluidas. La solicitud lleva casi dos meses y medio, pero la oposición pretende que la consulta popular se realice como una salida a la crisis social.

Si el referéndum se realizara antes del 10 de enero de 2017, Maduro debería renunciar y asumiría el titular de la Asamblea Nacional durante un mes.Pero si el "revocatorio" se realizara después de esa fecha, el cargo quedaría en manos del vicepresidente designado por Maduro, hasta el 10 de enero de 2019.