La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó por unanimidad la ley que establece las condiciones para la realización de unas elecciones presidenciales y legislativas sin Evo Morales ni Álvaro García Linera, expresidente y exvicepresidente, respectivamente, que se encuentran asilados en México. La ley no da una fecha exacta de realización de las elecciones, pero señala que estas se realizarán en algo menos de cinco meses. Se espera que termine la tarea de “pacificación” del país, donde sigue habiendo protestas contra la presidenta interina Jeanine Áñez, si bien la intensidad y la cantidad de los conflictos están disminuyendo. La ley fue aprobada tanto por el oficialismo como por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales que es mayoritario en las cámaras de Diputados y de Senadores. Ambos grupos la concertaron fuera de los recintos parlamentarios con la mediación de representantes de organizaciones internacionales y de la iglesia católica.

La norma ratifica la prohibición constitucional de que los candidatos que ya hubieran sido reelectos una vez postulen nuevamente al mismo cargo, lo que inhabilita a Morales y García Linera, un punto muy importante para el oficialismo y los movimientos “cívicos” que lo respaldan y que lucharon por el derrocamiento del anterior Gobierno. Durante el mandato de Morales, esta prohibición fue suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual ahora está en proceso de anulación por parte de este mismo Tribunal. La ley establece que las asambleas legislativas nacional y regionales elegirán a los miembros de los tribunales electorales en un máximo de 20 días después de la elaboración del reglamento de selección, el cual estará listo en un par de días. Una vez que los tribunales estén conformados, ellos convocarán a elecciones en 120 días más, lo que significa que estas se realizarán hacia mayo del próximo año. En este tiempo, se renovará y corregirá el padrón electoral y se inscribirá a todas las organizaciones y candidaturas políticas que quieran participar, inclusive el MAS.

Los líderes de la revuelta contra Morales, los dirigentes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari han sugerido que se presentarán a las elecciones como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente. También anticipó que participará Carlos Mesa, el principal candidato opositor en las elecciones del pasado 20 de octubre, que la ley recién aprobada anula por fraude. La denuncia que realizó Mesa, el 21 de octubre, de la existencia de un fraude electoral que lo perjudicaba inició la crisis política que derrocó a Morales y que todavía continúa. En este momento, la mayoría de los miembros de los tribunales electorales están presos, acusados de haber manipulado los resultados de los comicios a favor del exmandatario.

La aprobación de la ley electoral mostró una incipiente división en el grupo parlamentario del MAS. Aunque todos sus miembros votaron por ella, un grupo de senadores se salió de los márgenes de su acuerdo con el oficialismo y presentó un proyecto de otra ley en contra de la persecución que se ejercita contra Morales y los dirigentes del MAS y de los sindicatos. El tratamiento de este proyecto quedó en suspenso por voto de la mayoría del Senado, lo que significa que una parte del MAS votó en contra de otra parte de este partido. De todas formas, la presidenta Áñez se adelantó a lo que podía suceder y afirmó que, si el proyecto se aprobaba, ella vetaría la ley que buscaba impedir el enjuiciamiento de Morales, García Linera y los exministros del anterior Gobierno. “No vamos a defraudar esa lucha pacífica de millones de bolivianos... escribiendo una historia de infamia; el nuevo país que queremos será una Bolivia de justicia, no de impunidad", dijo.

Actualmente existen centenares de presos por su participación en las protestas en contra de Áñez, en las que han muerto unas 30 personas y cientos han sido heridas por disparos. El Gobierno niega ser responsable de estas muertes. Al mismo tiempo, quiere enjuiciar a Morales porque supuestamente realizó una llamada telefónica desde México a un dirigente y le pidió que se esmerara en el “cerco” a Cochabamba y no dejase que los alimentos llegasen a esta ciudad. Una grabación de esta llamada fue encontrada en el celular del hijo del dirigente con el que supuestamente habló el expresidente. Este joven fue detenido por las fuerzas de la Policía y las Fuerzas Armadas, que patrullan juntas desde el 12 de noviembre.

Morales aseguró que se trata de un montaje. Usando este video como prueba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se querelló contra el exmandatario por “terrorismo y sedición”. Al mismo tiempo, inició un proceso legal contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber dicho, cuando todavía estaba en el cargo, que la lucha popular contra el “golpe de Estado cívico” convertiría a Bolivia en un “moderno Vietnam”. Murillo no presentó pruebas de que Quintana, actualmente asilado en la embajada de México en La Paz, hubiera actuado ilegalmente. Apenas tomó posesión como ministro, Murillo prometió que realizaría una “cacería” de Quintana, considerado el hombre fuerte del anterior Gobierno.

En las últimas horas fueron apresados, por distintas razones, el vicepresidente del MAS y el gobernador de este partido en Chuquisaca. Una detención que causa gran desazón en El Alto es la de un enfermero que se encargó de ayudar a algunos heridos durante los sucesos del 19 de noviembre, en los que nueve personas murieron en la calle adyacente a la planta de acopio de combustibles de Senkata. El Gobierno dice que los militares impidieron un “atentado dinamitero” contra los depósitos de gas y gasolina y niega que hubieran hecho “un solo disparo” de armas de fuego. Los dirigentes de este barrio de El Alto aseguran que no tenían dinamita, que no querían incendiar la planta y que fueron “masacrados”. El enfermero que está detenido apareció en un video pidiendo ayuda para atender a las víctimas de la represión. El Gobierno lo acusa de fingir ser médico.

La gente que permanece bloqueando la planta de Senkata exige la liberación de esta persona y la de los demás detenidos, así como la “desmilitarización” del país y la suspensión del decreto que exime a los militares de culpa penal cuando actúen en “legítima defensa”. El Gobierno de Áñez está negociando estas demandas con los vecinos y las organizaciones sindicales obreras y campesinas y se espera que acepte una buena parte de ellas.

Una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Bolivia y recibió a las personas e instituciones interesadas en plantear denuncias. Afuera del edificio en el que lo hacía, un grupo de adherentes a Áñez se manifestó en contra de lo que consideraban una defensa a los “terroristas del MAS”.