El gobierno de Brasil anunció este miércoles que pretende privatizar la Casa de Moneda, que emite billetes de reales, y el aeropuerto de cabotaje de Congonhas, en San Pablo, en el contexto de un paquete de 57 proyectos que serán vendidos o entregados en forma de concesión a la iniciativa privada. También el pasado lunes había anunciado la puesta en valor de Electrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica. 

El Ministerio de Energía ha precisado que solo la operación de Eletrobras puede suponer unos 5.400 millones de euros.

La mayor parte de los procesos de privatización y concesiones deberá ser realizada en el último semestre de 2018, en los últimos meses del gobierno de Michel Temer, que terminará el 31 de diciembre del próximo año. También se está llevando a cabo un estudio para poder entregar a la iniciativa privada el Parque Olímpico, que fue uno de los llamados legados de los Juegos de Río 2016.

Durante 1993 y 2003, se llevó a cabo la mayor ola privatizadora de las últimas décadas durante el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso, pero según Alexandre Galvão, profesor de la escuela de negocios Fundación Don Cabral "el paquete de Temer es sin duda el mayor desde Cardoso, incluye aeropuertos, sistemas de saneamiento, el sector eléctrico, cuestiones que contribuirán a cambiar la estructura de la economía en los próximos dos años", explica a El País. 

Desde el Gobierno explican que los objetivos del programa privatizador es recaudar dinero para aliviar las cuentas del Estado, junto a reactivar, en la medida de lo posible, una economía que, aunque ha dejado de caer, presenta unas expectativas de crecimiento este año de apenas el 0,5%.

“Toda la motivación del programa es la necesidad de captar recursos para el tesoro nacional. Eletrobras ya no venía desempeñando un papel estratégico en el sector eléctrico, en buena medida a causa de sus problemas financieros”, apunta Nivalde de Castro, especialista del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El Ejecutivo afirma que su objetivo es devolver la eficiencia a una compañía que acumula una deuda de más de 6.000 millones de euros. El Ministerio de Minas y Energía detalla que en los últimos 15 años, Eletrobras ha absorbido recursos públicos por unos 65.000 millones de euros que “podrían ser invertidos en seguridad, educación y sanidad”.

Dilma Rousseff, quien fue ministra de Energía del presidente Lula da Silva, criticó de inmediato el anuncio de la privatización: “Esto significa dejar el país a merced de los apagones, como ocurrió en 2001 con Cardoso. El consumidor va a pagar una cuenta de luz estratosférica”.

Fuentes: El País y Ámbito Financiero