Rige en España una nueva ley que recuerda al franquismo
Con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros, comenzó a regir en España la llamada 'ley mordaza', que prohíbe a los españoles realizar manifestaciones frente a edificios estatales y incluso sentadas pacíficas.
Desde este miércoles 1 de julio entra en vigencia la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, denominada popularmente 'ley mordaza', que para "infracciones leves" prevé una multa de 100 a 600 euros; para las "graves", de 601 a 30.000 euros, y las "muy graves", de 30.001 a 600.000 euros.
Según vastos sectores opositores, con esta ley el gobierno de Mariano Rajoy busca instaurar un "Estado policial", ya que sus alcances traen enseguida a la mente el régimen dictatorial franquista.
De hecho, al mejor estilo contravencional –régimen derogado en la Argentina–, las fuerzas de seguridad ahora pueden imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez.
Entre las iniciativas sancionadas figuran:
- Manifestarse frente al Congreso: la 'ley mordaza' considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso.
- Promover protestas públicas en redes sociales: castiga a quienes inicien o promuevan una manifestación a través de las redes sociales, usando Facebook o Twitter, entre otras.
- Fotografiar o filmar policías: se sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.
- Evitar desalojos: la nueva ley dificulta y sanciona la acción de activistas contra los desahucios, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.
- Resistirse pacíficamente o hacer sentadas: la 'ley mordaza' otorga a la policía la facultad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene "la autoridad competente".
- Y hasta por no tener el documento: la nueva norma contempla multas de entre 100 y 600 euros a quienes sean "negligentes" en el uso y cuidado del documento nacional de identidad; incluso, para quienes no lo lleven encima cuando les sea solicitado por las autoridades.