El presidente de España, Mariano Rajoy, sigue creyendo que para sacar al país de la crisis hay que vaciarle los bolsillos a los que menos tienen, en este caso los trabajadores. Con la excusa de hacer frente a los problemas financiaron desatados en 2008, eliminó el pago del aguinaldo a los empleados estatales.

Ese año se armó una disputa judicial cuando la administración del país vasco decidió pagar el monto extra a sus empleados públicos en navidad de todas formas. Situación que se reavivó cuando las autoridades de las regiones de Extremadura, León y Castilla se rebelaron a la medida del gobierno central y anunciaron su intención de abonar el aguinaldo del 2013 a comienzos del año que viene.

Montado en cólera, el secretario de Estado para la Administración Pública, Antonio Beteta, recordó que el gobierno está a la espera de que se resuelva un recurso ya presentado contra las autoridades vascas ante la Corte Constitucional y aseguró que mientras se espera este fallo dijo que "cualquier acción unilateral que sea adoptada por las regiones será objeto de recurso por parte del Estado por violación del decreto".

Por su parte el consejero de la administración pública extremeña, Pedro Tomás Nevado-Batalla, aseguró que "vamos a seguir adelante" porque "entendemos que hay razones que avalan de manera sobrada lo que ha sido la decisión del gobierno Extemadura de orden en ese abono".

Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE extremeño, dijo que no hay conficto jurídico posible, ya que "aquí no se va a pagar la paga extraordinaria que se suprimió en el 2012, sino que se van a pagar los 44 días que ya estaban consolidados y como derecho para los trabajadores".

Por su parte, Pedro Escobar, portavoz de la Izquierda Unida expresó: "Creo que el señor Monago (presidente del Ejecutivo regional) tiene que hacer lo que ha dicho, tiene que cumplir la sentencia y tiene que dar la paga extra entera a los funcionarios".

Los que se niegan a escuchar a Rajoy

El presidente Ejecutivo de Extremadura calificó también la medida como "un reconocimiento expreso, nuevamente" al conjunto de los empleados públicos, ya que, señaló, "no sería coherente para un Gobierno como el nuestro que ahora que vamos a abandonar la recesión y entrar en crecimiento económico no nos acordáramos de ellos".

El presidente extremeño justificó esta medida en el hecho de que cuando la norma por la que se suprimía la paga extra entró en vigor, el 15 de julio de 2012, "el personal afectado ya había prestado los servicios que retribuyen esa paga dentro del cómputo semestral o anual. Es decir, ya habían trabajado 44 días", por lo que, continuó, "vamos a devolver a nuestros funcionarios lo que es suyo".

Por su parte la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, adelantó a última hora que la Junta se comprometió a convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución de la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012.