"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el ‘fallido’ del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, al anunciar el fundamento principal de la llamada Reforma del Estado de 1989, que incluyó la privatización a precio de todo y el despido de miles de empleados estatales.

De gira por Estados Unidos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro parece haber recordado aquel ‘fallido’ menemista –que no fue tal– al marcar el eje de los nuevos tiempos en Brasil y dictar el camino a seguir en América Latina: "Todo lo que se pueda privatizar, se privatizará", afirmó.

Fue el 17 de agosto de 1989 cuando se sancionaba la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como YPF, Ferrocarriles argentinos, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas.

Los argentinos conocemos bien las consecuencias de la ‘ley de hierro’ que ahora quiere imponer Bolsonaro y que Mauricio Macri quiso llevar adelante pero hasta ahora no pudo: se trata de un plan de saqueo sistemático de las riquezas nacional de Brasil o la Argentina a favor de los capital trasnacionales y a costa de los pueblos.