La marca 'Top Manta' que agotó sus primeras unidades de zapatillas, bolsos y camisetas deportivas, podría ser la salida para que miles de manteros africanos puedan desarrollar un trabajo digno en España, donde constantemente son perseguidos por las autoridades acusandolos de criminales por comercializar productos falsificados en las calles del centro de Barcelona.

Sin embargo, es apenas un primer paso, ya que la situación ilegal de los manteros seguirá persistiendo, salvo que se despenalice su actividad. Amparados a través del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que ellos mismos crearon, reclamaron ante el Congreso de los Diputados que las penas sean consideradas faltas administrativas y que "nadie vaya a prisión por ganarse la vida".

Aziz Faye, vocero del Sindicato es un claro ejemplo de miles de africanos que llegan hasta Europa apra ayudar a sus familias: "desde Senegal se fue a Mauritania, a trabajar de pescador, pero ahí tampoco ganaba suficiente para vivir, así que en agosto de 2006 decidió tomar un cayuco hacia España. Al llegar, lo internaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, y 40 días más tarde lo deportaron a Senegal. Lo volvió a intentar una segunda vez, y todavía una tercera, hasta que pudo salir del CIE e ir hacia la península. En junio de 2007 llegó a Barcelona", relató un perfil de eldiario.es.

"Siendo mantero te enfrentas cada día a la policía. O te quitan la mercancía, o te llevan detenido a comisaría. Allí nos abren expediente. Ya estamos fichados y esa 'mancha' por intentar buscarnos la vida se convierte en antecedentes", explicó Aziz en declaraciones a PlayGround. "Cuando pedimos trabajo utilizan esos antecedentes para denegarnos el permiso. Es el pez que se muerde la cola" , añadió.

En 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero despenalizó la venta ambulante de forma parcial, pero la reforma del Código Penal realizada por el PP volvió a castigarlos con penas de hasta dos años de cárcel.

"Nosotros vendemos en la calle porque es la forma más honesta que hemos hallado de buscarnos la vida", señala el comunicado que leyeron para dar a entender que "el cruce entre la Ley de Extranjería, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ordenanzas Municipales, les atrapa en un laberinto de criminalizaciones" que termina por estigmatizarlos y condenarlos a una deportación o a la prisión.

"En la calle nos quitan la mercancía, nos ponen multas o nos detienen por no tener papeles. Estas detenciones pueden terminar con un encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o con un juicio y condenas de hasta dos años de cárcel. Con estos antecedentes policiales y penales ya no es posible que nos concedan el permiso de residencia y, sin permiso, ya no puedes obtener un contrato", apuntaron los manteros en su manifestación.

Los diputados de Unidos Podemos Txema Guijarro y Juantxo López de Uralde apoyaron la protesta y suscribieron el pedido para que, cuando las conductas sean de cuantía menor a 400 euros, "sólo podrán ser penadas con trabajos en beneficio de la comunidad, salvo que el penado no mostrare su conformidad, en cuyo caso se sustituirá por multa", sin ocasionar antecedentes penales.

Con campañas en la vía pública, también buscan cambiar la percepción negativa que las autoridades le dan a su actividad callejera. Sin embargo, cerca de 500 comerciantes y vecinos consideran un problema "la ocupación de la vía pública" porque generan una "competencia ilegal" frente a los comercios que están obligados a "tramitar licencias de uso del espacio público y a pagar impuestos", según contó su representante Fermín Villar, al diario ABC.es

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